Finalmente, el Poder Judicial levantó las medidas de fuerza, tras un mes de paros y marchas que afectó...
20 de diciembre de 2023 - 00:35
Finalmente, el Poder Judicial levantó las medidas de fuerza, tras un mes de paros y marchas que afectó a la prestación del servicio de Justicia. Todavía no está claro cuál será el panorama a futuro porque el descontento que originó el reclamo, el recorte en el presupuesto elevado por la Corte de Justicia, no ha cambiado. Sin embargo, con el compromiso del pago de sueldo y aguinaldo, también se espera que en los pocos días hábiles que quedan de diciembre, la Justicia pueda dar respuesta no sólo a las demandas más urgentes contenidas en miles de expedientes sino a también a aquellas que ya tienen larga espera. Además, de lograr la mejora salarial, que todavía no tienen otros sectores de la administración pública, sería justo que no se postergue más el debate sobre proyectos destinados a la reforma del Poder Judicial, un ámbito con una marcada tendencia conservadora.
En el marco de la discusión por el presupuesto para el año próximo, el Poder Legislativo efectuó una poda de $20.863 millones al presupuesto del Poder Judicial, un 30%, en el marco del pedido que había elevado el Poder Ejecutivo para que todos los poderes del Estado readecuen su pauta presupuestaria a los indicadores macrofiscales que había fijado la Nación.
Esa decisión puso en alerta a magistrados y empleados que consideraron como una intromisión en el Poder Judicial y una estrategia para afectar la independencia ya que obliga a los cortesanos a mendigar fondos al Ejecutivo y a depender del Gobierno para prestar funciones. El lunes último los integrantes de la Corte comprometieron el pago del sueldo de diciembre y aguinaldo, con el último incremento que fue otorgado y que había sido cuestionado por el Poder Ejecutivo.
La situación es que todavía no hay certezas. La Corte de Justicia inició el diálogo con el Poder Ejecutivo y las conversaciones están avanzadas. Mientras eso ocurre, la presidenta de la Corte Fernanda Rosales y los ministros, que antes acompañaron el reclamo de empleados y magistrados, ahora convocaron a bajar los decibeles hasta avanzar en algún acuerdo que garantice una mejora presupuestaria.
Lo cierto es que en este contexto de crisis en el que se reclama el gasto excesivo para el sostenimiento del Poder Ejecutivo y Legislativo, también el Judicial debería mostrar voluntad para ajustar el cinturón, lo que ocurrirá irremediablemente para cualquiera de los poderes del Estado.
Hay que recordar que en el marco de la tensión con el Poder Ejecutivo, el Judicial ya logró que no se discuta el tope salarial para sus integrantes. La iniciativa apuntaba a que ningún agente del Estado supere al sueldo del primer mandatario. El proyecto apuntaba especialmente a jueces y funcionarios.
Ahora, el Ejecutivo envió otro proyecto que apunta a garantizar concursos públicos, abiertos y transparentes para todos los cargos en la Justicia. Los magistrados ya solicitaron postergar la discusión para evitar un tratamiento exprés, con el argumento de que muchos de sus ingresantes rinden concursos, pero no todos.
Sin duda que el movimiento unánime de magistrados y empleados ha demostrado fuerza y también resultados sectoriales. Ahora, también llegó el momento de mostrar eficiencia en la tarea y voluntad transformadora en el marco de una situación social en la que irrita la conservación de ciertos privilegios.
