Los fundamentos de la absolución del fiscal Laureano Palacios en el Jury robustecieron la carnadura jurídica y jurisprudencial de lo que ya venía anticipando la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, en el sentido de que el carácter defectuoso de la acusación formulada por el fiscal Miguel Mauvecín impedía la destitución sin vulnerar el derecho a un debido proceso que asiste a todo acusado.
La argumentación suscripta por Guerrero, el senador Oscar Vera y los abogados Silvia Cabrera y Pablo Nicolini contiene un párrafo particularmente significativo y, dado el tecnicismo de la sentencia, superfluo: “Quizás si la acusación hubiera comprendido y se hubiera extendido a la totalidad de las actuaciones labradas a partir del momento mismo del anoticiamiento del hallazgo del cuerpo del Sr. Rojas y hasta la asignación de la dirección de la investigación penal preparatoria al fiscal Hugo Costilla, este Tribunal de Enjuiciamiento podría haber tenido la posibilidad de avanzar en la valoración de otras circunstancias, hechos o actuaciones cumplidas en la causa Rojas durante la dirección de Palacios, y que nos fueron vedadas por el fiscal Mauvecín al formular un acusación por un solo hecho, endeble y limitada, y sin probar consecuencias graves para la investigación penal”.
“Vedados”. Les faltó poco para decir que no pudieron sacarse las ganas que tenían de destituir a Palacios por culpa de Mauvecín. Cuánta frustración.
Para la minoría conformada por la presidenta de la Corte, Fernanda Rosales y la diputada opositora Juana Fernández, los elementos suministrados por Mauvecín bastaban en cambio para acreditar que “la conducta del fiscal fue errática, poco clara, desordenada y negligente”.
Los fundamentos de la absolución reavivan la disputa entre sectores de la política y la Justicia con una curiosa inversión de roles.
Mauvecín y Rosales, representantes del Poder Judicial, esgrimieron razones políticas: Palacios lesionó la credibilidad de la Justicia y tal lesión no podía repararse si permanecía como fiscal.
En tal sentido valoraron el testimonio del fiscal Hugo Costilla, quien dijo que Palacios no debió haber entregado el cuerpo de Juan Carlos Rojas para las exequias si no tenía certeza sobre las causas de la muerte.
Los políticos Guerrero y Vera, por su parte, se atuvieron al rigor jurídico con el respado de dos abogados que sólo se representan a sí mismos, pues son seleccionados por sorteo.
El ala política oficialista, sin fisuras, señala: la culpa de la absolución de Palacios es del fiscal, o sea, del Poder Judicial.
El blanco de este mensaje no tan subyacente en el voto mayoritario concuerda con unas palabras que el senador chacarero, José Luis Martínez dijo el jueves, cuando se aprobaron los pliegos de cuatro magistrados para el fuero de Violencia Familiar y de Género, creado en 2015. “Ya no existen excusas por parte del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial al momento de poner en funcionamiento este nuevo fuero", dijo.
La frase debe interpretarse bajo la casi absoluta prescindencia que el Senado mantuvo en la polémica por la absolución de Palacios, pese a que uno de los que lo absolvió fue nada menos que el presidente provisorio del cuerpo, Oscar Vera.
Por supuesto, ni el Gobierno ni la Justicia tienen pretextos para dilatar la puesta en marcha del necesario fuero de Violencia Familiar y de Género, pero es curiosa esta atención ácida que les hace el senador, teniendo en cuenta el rol principalísimo que el Senado juega en la conformación del Poder Judicial al aprobar las propuestas que eleva, mal o bien, el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la de Palacios, designado fiscal sin haber rendido concurso, ayuno de antecedentes laborales en la Justicia, pero con desempeño en el propio Senado que lo habilitó.
Acá son más bien pocos los que están holgados para las excusas.
