El fiscal Gerardo Pollicita rechazó el día de ayer el pedido de la diputada Marcela Pagano para detener de manera inmediata al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El dictamen consideró que no existe un “riesgo real o grave” que justifique el arresto del funcionario en esta etapa de la investigación, al no verificarse los extremos necesarios como peligro de fuga o entorpecimiento procesal.
La solicitud de Pagano se había presentado el lunes ante el juez Ariel Lijo y se fundamentó en la doctrina “Irurzun”, aplicada por analogía agravada a funcionarios en ejercicio.
La legisladora acusó a Adorni de haber intentado influir sobre un testigo clave, el arquitecto Matías Tabar, previo a su declaración. Según la denuncia, el jefe de Gabinete lo habría contactado para ofrecerle “ayuda” y el respaldo de su equipo, además de que se habrían borrado mensajes de WhatsApp vinculados a ese intercambio.
Pollicita desestimó el pedido de arresto pero dejó abierta la posibilidad de evaluar otras medidas cautelares, como prohibirle a Adorni el contacto con determinados testigos. En paralelo, la Justicia ordenó el peritaje del celular de Tabar para verificar el supuesto intercambio de mensajes con el funcionario y con su esposa, Bettina Angeletti.
El resultado de esa pericia será clave para determinar si existieron maniobras de interferencia en la causa.
Pagano, denunciante en el expediente, explicó que su planteo se basó en la causal de entorpecimiento, ya que el contratista habría recibido presiones para modificar o eliminar pruebas.
“Según versiones periodísticas, Tabar habría recibido contacto de la gente de Adorni para borrar conversaciones a cambio de beneficios”, señaló la diputada, quien aclaró que no tiene acceso directo a la causa y se apoya en trascendidos sobre la declaración del testigo ante la fiscalía.
La investigación se centra en presuntas irregularidades económicas vinculadas a la refacción de la vivienda de Adorni y a la financiación de viajes familiares.
El testimonio de Tabar es considerado central para acreditar si existieron pagos en efectivo y maniobras de ocultamiento.
La diputada sostiene que la supuesta presión ejercida sobre el contratista constituye una maniobra concreta de interferencia en el proceso judicial.
En lo que respecta a las próximas indagatorias, hoy declarará Leandro Miano, el hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que intervino en la compra-venta del departamento que el funcionario posee en el barrio porteño de Caballito.
