domingo 5 de febrero de 2023

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Cara y Cruz

Radicales a la ofensiva

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Un proyecto presentado por la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, tendiente a comenzar a reducir los beneficios impositivos para las empresas alcanzadas por el régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, desató un sismo político que atraviesa todo el arco político.

Entre los asuntos incontaminados por la tóxica grieta, el de este sistema, instaurado hace ya medio siglo, durante la Presidencia de facto de Alejandro Agustín Lanusse, destaca por altísimos niveles de consenso, directamente proporcionales a su irracionalidad económica.

Un grupo muy concentrado de empresarios ha montado en base a él un negocio fabuloso con el ensamblaje de teléfonos celulares y computadoras, en un circuito absurdo en el que importan los equipos, los desarman, transportan las partes a Tierra del Fuego, vuelven a armarlos y los comercializan. Como aparte de los desmesurados beneficios impositivos del régimen, esta singular industria está amparada por barreras arancelarias a la importación, los argentinos pagan los artefactos electrónicos más caros del mundo, un 67,34% por encima de la media.

Las cifras fueron desgranadas por el periodista Francisco Oivera en la última emisión del programa “Odisea Argentina”, que conduce Carlos Pagni en La Nación+.

Las actividades contempladas el régimen fueguino están liberadas de IVA en compras y ventas, eximidas de impuesto a las Ganancias y derechos de importación y abonan una alícuota reducida de impuestos internos (6,5% contra el 17%).

Tamañas prebendas le significan el Estado nacional un costo tributario de $519.720 millones de pesos por lo que deja de recaudar. Equivale al 0,35% del PBI: más de 3 mil millones de dólares al cambio oficial. Y el ministro Sergio Massa baila en una pata porque el BID le concedió 500 millones de la divisa.

En 2021, el gasto tributario asociado a Tierra del Fuego representó el 60% de los recursos destinados a la Asignación Universal por Hijo.

El gran pretexto para sostener el desatino son los puestos de trabajo que solventa. Llegan a 11 mil entre electrónica y autopartes, con un salario promedio de 270 mil pesos. Con el 13% del Presupuesto 2023 alcanzaría para subsidiar por ese monto a la totalidad de los trabajadores involucrados, de por vida.

El régimen fue pergeñado en su origen por diez años, pero fue prorrogándose hasta la fecha. Este año se extendió su vigencia hasta 2038, con la posibilidad de extenderlo hasta 2054.

La Coalición Cívica propone ir reduciendo paulatinamente las exenciones impositivas hasta 2026. El poder de “lobby” de los beneficiarios, más que lógico con las fortunas que embuchan, se hizo evidente en un rechazo monolítico a siquiera discutir la posibilidad, aunque en la mayoría de los casos discreto.

Solo la UCR se atrevió a emitir un mensaje institucional en contra de la iniciativa: "La Unión Cívica Radical rechaza de forma tajante el Proyecto de Ley presentado por el bloque de Diputados Nacionales de la Coalición Cívica ARI por el que se pretende derogar la Ley 19.640".

“Tajante”. La eliminación de regímenes promocionales mucho menos onerosos en términos tributarios, el industrial de Catamarca, por ejemplo, no mereció despliegue de energía semejante de parte de los boinablancas. ¿Por qué este sí?

Los argumentos que sostienen los defensores del sistema fueguino, vinculados a la geopolítica y la distancia que separa a la isla de los centros de consumo, ceden ante la desmesura de lo que le cuesta a todo el resto del país no solo en términos tributarios, sino también en el precio de la tecnología, que es indispensable.

Que los radicales ni siquiera se avengan a discutir por lo menos un ajuste es sugestivo. Defienden un negocio fabuloso que, como señaló la Coalición Cívica, “sólo beneficia a un par de vivos llenos de privilegios, pagados por todos los argentinos”.

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