Piden que la Justicia investigue supuestos desvíos y que informe en que cuenta está la plata embargada en la causa.
En el marco del expediente federal vinculado a la presunta estafa de Adhemar Capital, una querella volvió a oponerse al levantamiento de embargos sobre cuentas bancarias atribuidas a la imputada Sofía Beatriz Piña y endureció su postura al advertir sobre un posible esquema de ocultamiento de activos que involucraría a su entorno familiar.
El planteo se originó tras un nuevo pedido realizado por la madre de Piña, de apellido Fedeli, en el que solicitó la liberación de una cuenta bancaria, y el Tribunal Oral Federal (TOF), lo puso a consideración de las querellas y del Ministerio Público Fiscal.
En respuesta, el abogado querellante Bruno Jerez se opuso al pedido, cuestionando en primer término la legitimación de Fedeli para intervenir en el proceso. Según explicó, la mujer no es parte en el caso y, por lo tanto, no estaría habilitada para promover el levantamiento de una medida cautelar dictada en el marco de una causa penal en trámite.
Para el querellante, el punto más sensible del planteo es que, según indicó, las cuentas en cuestión no serían de titularidad exclusiva, sino que estarían bajo un régimen de cotitularidad con la propia Piña, quien se encuentra imputada en la causa y además enfrenta una demanda civil por daños y perjuicios impulsada por decenas de damnificados. Jerez sostiene que el pedido de levantamiento podría constituir una maniobra para sustraer fondos del alcance judicial y entorpecer el proceso de reparación de las víctimas.
Por otra parte, solicitó que se evalúe la posible participación de Fedeli en calidad de “partícipe necesaria o coautora”, al considerar que podría tratarse de un intento de ocultamiento de activos. La querella también puso en duda el origen de los fondos depositados en las cuentas embargadas.
Si bien la solicitante habría alegado que se trata de dinero de procedencia lícita y anterior a los hechos investigados, los acusadores sostienen que esos activos podrían integrar el “botín” de la maniobra defraudatoria que se investiga en la causa, que tiene como principal imputado a Edgar Bacchiani, fundador de la financiera Adhemar Capital SRL. En una ampliación posterior de la oposición, el planteo fue profundizado con la incorporación de nuevos elementos.
Allí se advierte que, a partir de informes recientes, se detectaron fondos que permanecen fuera del alcance de las medidas cautelares, incluyendo dinero en moneda extranjera y activos en criptomonedas, lo que motivó el pedido de ampliar los embargos a todos los bienes presentes y futuros de los imputados.
En ese sentido, la querella solicitó que se libren nuevos oficios a entidades financieras -incluyendo el Banco Nación y el Banco Central-, y también a plataformas de intercambio de criptomonedas, con el objetivo de asegurar la inmovilización de cualquier tipo de activo, ya sea en pesos, dólares, euros, plazos fijos o cajas de seguridad.
Otro aspecto que genera controversia es la administración de los bienes embargados. En su presentación, la querella cuestiona que no exista información clara sobre la cuenta judicial en la que deberían depositarse los fondos secuestrados o retenidos, ni sobre el monto total efectivamente cautelado.
Incluso menciona casos concretos, como el secuestro de más de 100 mil dólares en un procedimiento realizado en febrero de 2022 en Huacra, provincia de Tucumán, que fue directamente vinculado con Bacchiani y Pablo Olmi, quien oficiaba de “pocero” de la financiera.
Según la querella, a cuatro años de iniciado el caso, el destino de esos dólares no fue debidamente precisado en el expediente. Además, se objeta la validez de un documento aportado por la defensa de Piña, que habría sido confeccionado pocos días antes de que se ordenaran los embargos.
Para Jerez, este elemento, sumado a informes de Gendarmería Nacional que indican que la imputada opera en un banco desde el año 2022, debilita la versión defensiva y refuerza la sospecha de una maniobra orientada a evadir las restricciones judiciales. Finalmente, los acusadores también pusieron el foco en la situación patrimonial de Piña. Aseguraron que no registra ingresos formales, bienes a su nombre ni actividad tributaria relevante y que, sin embargo, mantendría un nivel de vida incompatible con esa situación, lo que interpretan como un indicio de que dispondría de fondos no declarados.
Con todos estos argumentos, la querella solicitó que se mantengan los embargos vigentes hasta la finalización del juicio oral y que se profundicen las medidas de investigación patrimonial. La definición quedó en manos del Tribunal Oral Federal de Catamarca, que deberá resolver el planteo una vez que se expidan el fiscal y las partes intervinientes.
Fueron enviados a juicio Bacchiani, el gerente general, José Blas; el gerente de Catamarca, Alexis Sarroca; la gerenta de Tucumán, Sofía Aylán; la gerenta de Córdoba, Aldana Donato; el abogado Lucas Retamozo; la exesposa de Bacchiani, Zaraive Celeste Garcés Rusa; el contador Iván Segovia; la expareja de Bacchiani, Sofía Piña; y los poceros Olmi, Franco Brey y Ernesto Edbercher.