La Corte Suprema de Justicia le rechazó el recurso presentado. Había recibido tres años en suspenso.
Finalmente, la condena que recibió la exintendente de San José de Santa María, Mónica Hernández (PJ), en septiembre de 2018 por fraude a la Administración Pública, quedó firme este jueves, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso que había presentado. Además, desde entonces le pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.
La decisión del Máximo Tribunal lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el planteo de recursos extraordinarios que presentó la exintendenta Hernández, asesorada hasta esa etapa por el abogado Pedro Eugenio Despouy Santoro.
El 17 de septiembre de 2018, la Cámara Penal nº3 de Catamarca condenó a Hernández a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, al encontrarla culpable como coautora penalmente responsable del delito de fraude a la Administración Pública, por las irregularidades que surgieron a partir del alquiler de un camión.
Ese contrato se selló el 31 de diciembre de 2007 y establecía que el alquiler incluía chofer y seguro, mientras que la exjefa comunal se hacía cargo de la provisión del combustible. Fue por la suma de $19.800 mensuales durante un año, lo que a dinero de hoy serían más de $6.000.000. Además, se cuestionó que Hernández intencionalmente eludió la contratación por licitación pública, como correspondía por la reglamentación vigente por aquel entonces.
Tras ese juicio, la exintendenta consideró que se trataba de un fallo político. "Estos cargos (por la Intendencia) son para los políticos y no para los que hacen las cosas bien por el pueblo. No me sorprende el veredicto porque sabemos cómo es la Justicia y en manos de quién está. Lo tomo más como un fallo político, como para no dejar seguir en un lugar político. Pretenden decir que en esta democracia no podés ser nada", señaló.
Esa condena luego fue confirmada por la Corte de Justicia de Catamarca y allí fue que Hernández llevó el caso a la Corte Suprema, que resolvió este 29 de febrero.