Como ocurrió con la iniciativa de movilidad que estableció un aumento para los haberes jubilatorios, el gobierno nacional anticipó que vetará, si es que el Congreso la sanciona, la ley de Financiamiento Universitario. El argumento oficial es que ambas iniciativas ponen en riesgo el superávit fiscal alcanzado en los primeros siete meses del año.
El razonamiento oficial es al mismo tiempo una admisión: el fuerte ajuste fiscal se basó en la retracción de recursos provenientes de las jubilaciones y del presupuesto universitario, además de otros no menos importantes, como la paralización de la obra pública, recortes a comedores y programas sociales, despidos de empleados estatales y otras contracciones presupuestarias en áreas públicas muy sensibles. El festejado superávit no se explica por un incremento de los ingresos sino por una caída de recursos que tiene como víctimas a jubilados, pensionados, docentes y no docentes, trabajadores y millones de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
Un informe de la Universidad de Buenos Aires establece un cálculo interesante: señala que el monto del ajuste que la gestión de Javier Milei aplica sobre el presupuesto universitario es equivalente a los beneficios impositivos que le otorga a los sectores de mayor poder adquisitivo de la sociedad.
El esfuerzo fiscal previsto en la actualización de recursos del sistema universitario, es similar al que se realiza para el blanqueo y beneficio de los sectores más ricos del país, el cual se le otorga un 0,14%. Esto también suma a que, queda por debajo del derivado del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que es de un 0,22%”, señala el informe.
El beneficio para “los más ricos del país” está contenido en la denominada Ley Bases, particularmente en la modificación del mínimo no imponible (se elevó a 100 millones de pesos) y una reducción a las alícuotas correspondientes a la fórmula del Impuesto sobre los Bienes Personales. El Impuesto sobre los bienes personales es un impuesto sobre el patrimonio de los individuos y las sucesiones indivisas. Es decir, grava a los sectores más ricos de la sociedad y por lo tanto es un impuesto progresivo.
El trabajo indica que ese porcentaje les permitiría a las universidades financiar los gastos de funcionamiento, así como también el de “hospitales, la actualización de los fondos de ciencia y técnica y la recomposición salarial de docentes y no docentes”. Docentes y nodocentes universitarios recibieron desde diciembre un incremento salarial del 80,4%, cuando la inflación para el mismo período fue del 134,6%.
Un eventual veto presidencial a la ley de financiamiento de las universidades sería un golpe muy duro para la educación superior. De todos modos, la comunidad universitaria ya ha demostrado su poder de convocatoria con la multitudinaria marcha del pasado 23 de abril, por lo que la definición respecto de este tema dependerá de una pulseada política de resultados impredecibles.
