jueves 15 de febrero de 2024

Pulseada con los recursos en picada

Una fuerte baja de la coparticipación impide solventar el ritmo de los aumentos en el Poder Judicial.

El conflicto entre el Poder Judicial y el Gobierno se despliega sobre una restricción de los ingresos previstos por coparticipación que introduce severas dificultades para solventar el ritmo de los incrementos salariales implementados a lo largo del año en la Justicia.

Solo por la caída de la recaudación del impuesto a las Ganancias, Catamarca dejará de percibir el año que viene $59.361 millones.

Es una merma del 9% de los recursos provenientes de Nación y un 6% de los ingresos totales proyectados para 2024.

Las disponibilidades financieras permitieron hasta ahora sostener el desfasaje entre los aumentos judiciales y los del resto de los estamentos estatales.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo fueron compensando el retraso de los ingresos frente a la inflación con sumas fijas adicionales a los aumentos que iba acordando: $20.000 en abril, $40.000 entre mayo y octubre, $80.000 septiembre y $45.000 en noviembre y diciembre.

Estos montos se sumaron a cuatro incrementos salariales, del 15% en marzo, 25% en mayo, 8% en julio y 20% en septiembre: 68% en total.

El Poder Judicial no otorgó sumas fijas, pero aplica una fórmula de aumentos salariales acumulativa con la que completó hasta octubre un 96,65%. Con el último aumento, llegará a 109,7%. Son cuarenta puntos por encima de los otros organismos, pero el problema no es ese: podría darlos si no fuera porque se agotaron los fondos que se le habían destinado en el Prespuesto 2023 y sus respectivas ampliaciones.

La pelea estalla ahora porque las partidas asignadas al Poder Judicial, no alcanzan para cubrir el último incremento, que fue del 13,5%.

El Gobierno envió unos $4.500 millones, faltan alrededor de $1.000 millones para completar.

La Corte estaría en condiciones de afrontar el pago de este mes con fondos propios, pero se quedará sin margen para mantener el 13,5% del último aumento en el aguinaldo y los sueldos de diciembre.

El Gobierno se ampara en la ley de Administración Financiera, que lo obliga a garantizar los fondos siempre y cuando el nivel de gastos se mantenga dentro de la pauta general.

Como la Justicia agotó su crédito presupuestario hasta fin de año, de ahora en más está afuera de esa pauta general y el Gobierno no está obligado a girarle los fondos adicionales que necesita..

Este es el nudo de la pelea, en la que la Corte acaudilla la movilización de los judiciales con el argumento de que el Gobierno atenta contra la independencia de la Justicia.

Panorama sombrío

La significativa caída de la coparticipación obedece a la suba del piso imponible de Ganancias que, a instancias del ministro de Economía y excandidato a presidente Sergio Massa, sancionó el Congreso en plena campaña junto a la devolución del IVA para artículos de primera necesidad.

Los gobernadores avalaron las medidas, pero Massa se comprometió a compensar su impacto negativo coparticipando el 25% del impuesto al Cheque y el 35% del impuesto PAÍS.

Como Massa perdió las elecciones ante Javier Milei, estos cambios en el esquema de distribución de los recursos fiscales nacionales ni siquiera llegaron a plantearse.

Ahora las provincias maniobran para tratar de que Milei introduzca la promesa de Massa en el paquete que enviará para tratar en el Congreso en sesiones extraordinarias apenas asuma, pero el libertario se muestra reticente a hacerlo.

Massa, por su parte, liberará 230 mil millones de Aportes del Tesoro Nacional para oxigenar las finanzas provinciales hasta fin de año, pero el problema estructural continuaría incólume de no mediar un acuerdo político.

El diputado nacional bonaerense Alejandro "Topo" Rodríguez recordó a los gobernadores que "está presentado en la Cámara de Diputados un proyecto que elaboramos junto a gobernadores electos, que propone coparticipar a las provincias el 30% de lo recaudado por impuesto al cheque".

Poda

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados emitió ayer despacho favorable al recorte sobre el Presupuesto que presentó la Corte para 2024.

El máximo tribunal pedía $68.842 millones y los diputados oficialistas le habilitarán $47.979.

$20.863 millones menos, un 30% para adecuar la pauta judicial a la establecida para el Gobierno y el Poder Legislativo.

Quedó con despacho a favor pero en la nebulosa respecto de su tratamiento otro proyecto tendiente a poner el sueldo del Gobernador como tope salarial a todos los estamentos estatales. Es de alcance general, pero apunta principalmente a limitar los emolumentos de jueces y fiscales.

La tregua que el Gobierno, la Asociación de Magistrados y varios funcionarios judiciales sellaron el lunes en Casa de Gobierno no duró ni 24 horas.

La pulseada se condensa las incertidumbres que genera la posibilidad de un Estado desfondado.

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