El carácter inquietante de la sentencia de la Corte que suspendió permisos y habilitaciones litíferas en el Salar del Hombre Muerto no obedece tanto a su contenido como al envilecimiento de la relación institucional entre el Gobierno y la Justicia que dejó expuesto.
Es imposible disociarla de la enconada disputa que ambos poderes del Estado protagonizaron a fines del año pasado porque el Gobierno se negó a incrementar el Presupuesto judicial en la medida que pretendía la Corte. Este conflicto incluyó manifestaciones encabezadas por jueces y fiscales y arengas proselitistas de miembros del máximo tribunal. Tampoco parece razonable omitir que se produjo de forma sorpresiva.
El fallo habilitó una medida cautelar solicitada en 2021 por el cacique de la comunidad originaria Atacameños del Altiplano, Román Guitián, para garantizar la integridad ambiental en la cuenca del río Los Patos. Ordena al Gobierno abstenerse de otorgar nuevos permisos hasta que se haga un estudio de impacto ambiental “acumulativo e integral” que contemple los efectos ecológicos de siete emprendimientos que está en distintas etapas de desarrollo en la zona, de los cuales solo el de Livent está en producción.
Según el Gobierno, la Corte nunca pidió los informes de impacto ambiental realizados hasta ahora para contrastarlos con los temores del cacique Guitián. El fallo tampoco los menciona.
Si esto fuera cierto, la Corte se habría pronunciado con información incompleta.
El Gobierno pondrá a disposición del tribunal los informes y pedirá la revocatoria del fallo, que ha conmocionado al sector minero más allá de las empresas con intereses en la Puna antofagasteña por sus implicancias. La apelación contendría una novedad: el informe acumulativo e integral que se requiere para levantar la suspensión se inició en enero y estaría listo para mediados de año.
Relación tóxica
La incertidumbre que proyecta la sentencia está más allá de los argumentos jurídicos, por atendibles que sean. Radica en la relación tóxica que tienen la Corte y el Gobierno.
Lo intempestivo del fallo es un indicio muy fuerte de esto.
Es llamativo que el máximo tribunal de la provincia haya tomado una decisión de semejante magnitud, que marca un quiebre en la política minera, sin contactos oficiales previos. Un día antes de la sentencia, por ejemplo, la Corte solicitó formalmente al Ministerio de Economía un cambio de las fechas en que se le depositan los fondos para pagar sueldos.
Superado el estupor inicial, el Gobierno optó por no escalar en una polémica que hubiera profundizado las inquietudes de inversores, trabajadores y proveedores por el futuro de la actividad litífera en la que cifran sus expectativas.
La senadora nacional Lucía Corpacci le restó dramatismo al episodio judicial y consideró que no afectará a los emprendimientos ya autorizados. “No es tan terrible”, dijo, aunque advirtió sobre la prudencia que conviene mantener en cuestiones tan trascendentes.
El objetivo del oficialismo es tratar de disimular la tensión con la Corte, porque sabe que ese es el elemento más penetrante de la controversia, el que más conspira contra las inversiones y su efecto multiplicador, en un contexto nacional de recesión, recaudación en picada, poder nacional recortando partidas e incertidumbre política crítica.
El factor Livent
El holding Arcadium Lithium, conformado por Livent y Allkem, se ocupó de informar que la sentencia de la Corte “no afecta las operaciones mineras existentes y las actividades de expansión en sus proyectos Fénix y Sal de la Vida”. Fenix es el único emprendimiento en explotación y Sal de la Vida se apresta a hacerlo.
La suerte de algunos. Resulta que el polémico fallo deja indemne a quienes lo originaron, pues la comunidad Atacameños del Altiplano planteó el amparo a raíz de las acciones de Livent, a quien la comunidad originaria atribuye haber secado el río Trapiche y sus vegas antes de cernirse sobre Los Patos.
El cacique Guitián reiteró después de la sentencia que Livent nunca respondió a sus planteos ni despejó sus dudas por eventuales perjuicios ambientales.
Por el contrario, "la empresa perseguía a la gente, metían presos a algunos con la Policía”.
“Como no daba más la situación, metimos este recurso”, dijo.
De modo que la política empresaria de Livent, refractaria a darles explicaciones a los lugareños y construir una relación sana con las comunidades de la Puna de la que obtiene millones, está en la génesis del problema.
Al parecer los abusos forman parte del manual de procedimientos de la empresa norteamericana, acusada por la AFIP de defraudar al fisco con subfacturaciones del litio que exportaba, por el que llegó a declarar en la Aduana precios hasta 843% inferiores a los del proveniente de Jujuy.
El delito fue admitido por la propia firma. En el balance que presentó en la bolsa de Nueva York cuando anunció la fusión con la australiana Allkem para formar Arcadium, incluyó una multa millonaria que le aplicó la AFIP por subfacturar más de 8 millones de dólares en 413 operaciones de exportación de carbonato de litio entre 2018 y 2019.
