El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por Javier Milei el pasado miércoles propicia cambios estructurales e integrales en la vida económica, política y social argentina a partir de la derogación y/o modificación de más de 300 leyes. No es sorpresivo, entonces, que esté generando tanto debate, no solamente en cuanto a las cuestiones de fondo, es decir, si las transformaciones propuestas serán beneficiosas o no para tal o cual sector, o para la población en general, sino también respecto a la cuestión formal (si el DNU tiene viabilidad constitucional o invade el terreno cuya competencia es del Poder Legislativo). Uno de los cuestionamientos más fuertes contra el decreto es que legisla sobre temas de fondo, hasta llegar incluso a modificar el Código Civil y Comercial, competencia indudable del Congreso de la Nación.
Cambios de fondo
El decreto genera polémica y arduos debates porque aborda temas muy diversos en los que convergen intereses de múltiples sectores, algunos de ellos contrapuestos. Plantea, por ejemplo, la derogación de la Ley de Alquileres. El DNU fija que los alquileres dejarán de tener regulación alguna y podrán establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera, al libre arbitrio de las partes, que podrán pactar el ajuste del valor.
Otras leyes que deroga es la de Abastecimiento, que rige desde 1974 y que hasta ahora permite al Estado intervenir en el marcado en defensa de los consumidores, con la posibilidad incluso de establecer congelamiento de precios, entre otras cuestiones; y la de Góndolas, que obliga a los supermercados a señalizar en góndolas físicas y virtuales los productos fabricados por pequeñas empresas y a poner de manera destacada el artículo de menor precio en categorías de consumo habitual.
De prosperar el DNU, dejarían de tener vigencia la Ley del Compre Nacional, que otorga a los proveedores nacionales prioridad en las compras públicas y el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía, un organismo técnico que tiene el objetivo de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la Nación.
Además, deroga las leyes de Promoción Industrial, de Promoción Comercial y de toda la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. Como complemento de esta última medida, el megadecreto de Milei promueve la transformación de todas las empresas del estado en sociedades anónimas. El plazo fijado para este cambio es de 180 días. En el mismo sentido, autoriza la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.
Uno de los capítulos que ya generan más polémica es el referido a lo que denomina “modernización laboral”. Para el gobierno nacional el objetivo es "facilitar el proceso de generación de empleo genuino". Para un amplio sector de la oposición y para los sindicatos, el propósito es cercenar derechos laborales de los trabajadores.
Asimismo, el DNU reforma el Código Aduanero, para "facilitar el comercio internacional" y deroga la Ley de Tierras, que establece, entre otras cosas, límites a la titularidad y posesión de tierras rurales de parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
Modifica el marco regulatorio de la medicina prepaga -a la cual le elimina las restricciones de precios- y las obras sociales, y la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas.
El DNU tiene un muy marcado contenido desregulatorio. Entre otros, desregula los servicios de internet satelital y el sector turístico.
Ganadores y perdedores
Son solo una porción de todas las transformaciones que propone y que si prospera tendrá como consecuencia inevitable que algunos sectores de la vida económica argentina salgan ganando y otros perdiendo, como ocurre con cualquier decisión de gobierno que produce cambios de tamaña magnitud.
El gobierno nacional tiene una legitimidad indiscutible por el apoyo que recibió en las urnas hace poco más de un mes. De modo que es lógico que pretenda impulsar políticas afines a su mirada de la realidad nacional. También es lógico, como contrapartida, que esas políticas sean cuestionadas por los sectores que resultan perdedores en el esquema transformado propiciado. La propuesta y la reacción forman parte de la lógica de la democracia.
Si bien el DNU entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, el camino que recorrerá hasta su eventual convalidación legislativa no será ni corto ni sencillo. El primer tema de discusión es si es violatorio de los preceptos constitucionales. Hasta ahora los más prestigiosos constitucionalistas han coincidido en que el megadecreto es inconstitucional. Lo mismo sostiene el exjuez catamarqueño Luis Herrero, como se puede corroborar en la entrevista que se publica en la página 2 de esta edición.
Ya se han realizado numerosas presentaciones ante la Justicia y un magistrado incluso aceptó tramitar un amparo colectivo.
Además de los planteos judiciales, el DNU debe superar el escollo que supone el trámite legislativo. Debe ser enviado al Congreso para que sea analizado por una Comisión Bicameral y luego lo traten ambas Cámaras para su aprobación o rechazo.
Sería catastrófico añadirle a las graves dificultades económicas que vive la Argentina momentos de convulsión política. Por esa razón es que la receta es el apego a las instituciones. Los otros dos poderes –el Judicial y el Legislativo- deberán revisar el decreto del Ejecutivo y convalidarlo o no. Ejercerán los controles que la democracia les otorga en el marco de sus funciones republicanas. El resultado de ese juego de interacciones y contrapesos es, en la actual coyuntura, muy difícil de pronosticar. En el mientras tanto y en el futuro también, las expresiones políticas con vigencia en la Argentina tienen sus herramientas, siempre en el marco del pluralismo que es consustancial a la vida democrática, para expresar sus opiniones e intentar influir en las decisiones que se adoptan en la vida pública.
