Los diputados nacionales por Catamarca, Sebastián Nóblega, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Fernanda Ávila, presentaron un proyecto de ley con el que proponen la modificación de la distribución del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbonos (Ley 23.966) con el fin de favorecer a las provincias.
La iniciativa establece pasar del 10,4 al 30,4% la asignación específica del impuesto que corresponde a las diferentes jurisdicciones del país. Según el proyecto, en la nueva distribución, el Tesoro nacional se quedaría con el 10,4%; mientras que el Fonavi absorbería el 15,07%, la seguridad social el 28,69%, las Provincias el 30,40%, el Fideicomiso de infraestructura hídrica el 4,31%, el Fideicomiso de infraestructura del transporte un 8,58% y la Compensación transporte público se quedaría con el 2,55%.
En los fundamentos, los legisladores advierten que "durante el mes de marzo se produjo un recorte en las transferencias automáticas a las provincias y CABA, que habrían caído en un 28% real interanual de acuerdo a lo que informó el IARAF”, con lo que en el primer trimestre interanual la caída habría sido del 19%.
“La disminución se explica por un descenso interanual de la recaudación del impuesto a las ganancias del orden del 41% y de IVA del 18%. Esta situación compleja generada por el Poder Ejecutivo nacional a partir de la decisión de realizar una devaluación del 118% en el tipo de cambio oficial, recortes en los fondos fiduciarios del transporte, baja de obras públicas esenciales, aumento de precios de combustibles y energía, trajo consecuencias a las provincias, de carácter financiero y económico, trasladando el peso del ajuste a dichas jurisdicciones”, señalan los diputados.
“En este contexto, carente de federalismo fiscal que solo debilita las cuentas públicas provinciales y habiéndose discontinuado e interrumpido las obras públicas que son esenciales para cubrir las necesidades frente a los desafíos que presentan las distintas jurisdicciones, se les suma el cambio climático y la falta de infraestructura para afrontar y mitigar sus consecuencias”, añaden.
Posteriormente, advierten que la medida propuesta “sería simplemente un acto del federalismo fiscal, siendo las provincias quienes afrontan las mayores consecuencias de la caída de los impuestos coparticipables, con las dificultades que esto trae a las distintas jurisdicciones”.
