Los informes científicos son abundantes y coinciden en que el fenómeno de El Niño, en su actual fase, traerá consigo lluvias superiores a las normales, crecidas de ríos, anegamientos y pérdidas productivas en amplias regiones del país. Los organismos meteorológicos y los especialistas advierten desde hace meses sobre su intensidad y su probable persistencia, lo que obliga al Estado, en todos sus niveles, a actuar con anticipación.
En Catamarca, aunque sus efectos no serán tan severos como los que se prevén para el litoral y la región de la Pampa Húmeda, se están realizando trabajos de limpieza y encauzamiento de ríos, de protección de infraestructura y de defensa.
Lo que ocurre en la provincia sucede también en otras jurisdicciones y municipios del país que, con recursos escasos, destinan esfuerzos a obras de prevención. Sin embargo, el gobierno nacional no exhibe una preocupación equivalente. Y lo llamativo es que, a diferencia de las administraciones locales, dispone de un instrumento específico para hacerlo.
Se trata del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que se financia con el 4,31% del Impuesto a los Combustibles y que, por su propia naturaleza, debe destinarse a obras de prevención de inundaciones y a la recuperación de tierras productivas.
Según un informe del Ministerio de Economía de la Nación, en el primer semestre de 2026 el fondo recaudó 229.506 millones de pesos, de los cuales se emplearon 125.892 millones en obras, es decir, el 55% del total. El resto permanece colocado en títulos públicos y plazos fijos. Lo más grave es que esto ocurre cuando el impacto de El Niño ya empieza a sentirse. Resulta verdaderamente inadmisible mantener recursos afectados a la prevención de catástrofes en instrumentos financieros mientras el riesgo ya empieza a materializarse.
El reclamo no es solo político. La Provincia de Buenos Aires avanza con una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por "el incumplimiento de la ley y el abandono nacional en infraestructura hídrica". Según se estima en esa presentación, entre enero de 2024 y mayo de 2026 el fondo recaudó 375.422,13 millones de pesos y pagó obras por 115.990 millones. La brecha entre ambas cifras es el núcleo de la controversia. El CEPA (Centro de Economía Política Argentina), por su parte, calcula en más de 300 mil millones de pesos los recursos que no se han volcado a obras.
La experiencia argentina está colmada de catástrofes que dejaron pérdidas materiales y en vidas humanas, y de explicaciones posteriores que llegaron siempre tarde. Después de la inundación solo quedan los lamentos, los recuentos de daños y las promesas de reconstrucción. Por eso, es imprescindible que esas obras se realicen y que los fondos destinados por ley a este fin cumplan su cometido.