domingo 1 de octubre de 2023

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Cara y Cruz

Presiones sobre la Justicia

El lunes hubo tres manifestaciones con foco sobre la Justicia. En una, familiares y amigos de Dardo "Peque" Condorí...

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El lunes hubo tres manifestaciones con foco sobre la Justicia. En una, familiares y amigos de Dardo “Peque” Condorí, el principal sospechoso por el asesinato de Raymundo “Gringo” Barrionuevo, pidieron que sea liberado. En otra, los deudos de Gonzalo Moreno, asesinado en agosto del año pasado en un tiroteo en las Mil Viviendas, exigieron que sean nuevamente encarcelados los acusados por el crimen. En la tercera, en contra del “gatillo fácil”, la principal oradora fue Claudia Véliz, madre de Diego Pachao, el adolescente que murió en 2012 luego de ser sometido a tormentos por efectivos de la comisaría Séptima. La mujer pide que la Corte de Justicia se expida sobre un planteo que hizo contra la liberación de uno de los policías condenados.

Al margen de las diferencias entre los tres casos y de las razones que puedan asistir a los manifestantes, las movilizaciones marcan no solo disconformidad con el desempeño judicial: consignan en realidad cómo se ha afianzado la idea de que para obtener movilizar los engranajes judiciales es preciso ejercer presión en la calle. Esto coloca a la Justicia en un brete, pues teóricamente sus disposiciones se ajustan a derecho y, en cualquier caso, el propio sistema contempla los mecanismos para revertir los errores.

La mora judicial y los selectivos criterios que suelen aplicarse, sin embargo, abonan la presunción de que es posible condicionar sentencias si se consigue la suficiente masa crítica.

El caso de Diego Pachao es emblemático en este sentido. Llegó a juicio oral más de diez años después de la traumática muerte del joven, tras sortear la prescripción, y la carátula se cambió en medio del proceso por tortura seguidas de muerte. ¿Cuál hubiera sido el destino del expediente si la familia cejaba en su reclamo de justicia?

Telmo Pachao, el padre de Diego, murió en 2017 en un accidente vial. Desde la muerte de su hijo se había plantado todas las semanas frente a la Casa de Gobierno. Claudia Véliz continuó con la pelea hasta llegar al juicio, aunque no haya quedado satisfecha con la sentencia.

Es imposible no concluir que la sostenida insistencia de la familia de Diego fue indispensable para conmover la maquinaria judicial y que el crimen no quedara impune. Esta sensación estimula en muchos casos manifestaciones ya desde el inicio de las causas y ante cada decisión judicial que contravenga los intereses de algunas de las partes involucradas. Muchos abogados no trepidan en incorporar estos mecanismos informales a sus estrategias.

El otro aliciente tiene que ver con las evidentes consideraciones que se les dispensan a reos bien ubicados social o políticamente. Los casos de los sacerdotes acusados de abuso sexual son un claro ejemplo, por no hablar del intendente de Santa Rosa Elpidio Guaraz, que compite por su reelección a pesar de estar imputado por ultrajes. Cualquier hijo de vecino en la misma situación debería peregrinar meses, y muy bien asesorado, para acceder al beneficio de la excarcelación, pero estos personajes son eximidos de tales incomodidades.

¿Cómo sorprenderse de que familiares, amigos y deudos se vuelquen a las calles a reclamar sentencias acordes a sus impresiones?

Las prolongadas demoras en las definiciones y las varas disímiles empleadas para juzgar conductas análogas terminan por distorsionar el criterio de justicia. En definitiva, es justo que cualquier sospechoso de abuso exija del Poder Judicial el mismo trato que los curas o que Guaraz.

En lo que concierne al asesinato de Raymundo Barrionuevo, han surgido indicios que tienden dudas sobre las responsabilidades de Condorí y por eso se exige su liberación. En el de la balacera de las Mil, los familiares de Gonzalo Moreno se sienten amenazados por los encartados en el homicidio.

El elemento común es la devaluación del prestigio de un Poder Judicial al que se considera permeable a las presiones.

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