Apaciguado el entusiasmo por la victoria de Sergio Massa en la primera vuelta, la dirigencia peronista con responsabilidades administrativas vuelve a poner los pies sobre la tierra y mira con preocupación la posibilidad de que Javier Milei llegue a la presidencia aliado a Mauricio Macri. El escenario, a dos semanas de la contienda definitiva, es de paridad.
Los gobernadores evalúan el efecto que tendría sobre las finanzas de sus distritos una eventual gestión de Milei.
La revisión del régimen de coparticipación federal y la interrupción de los giros discrecionales del Tesoro nacional a las provincias es parte central del proyecto libertario, que carece de terminales significativas y por lo tanto compromisos fuera del área metropolitana. Se trata de un movimiento sustentado exclusivamente en el culto a la personalidad.
El acceso del inestable Milei a la Casa Rosada implicaría, de tal manera, una reducción abrupta de recursos que permitieron a provincias como Catamarca llevar adelante programas de obras públicas de gran envergadura, con su impacto multiplicador en la economía en general y mantener sus cuentas equilibradas.
La introducción de Macri en la ecuación política libertaria no habilita perspectivas más auspiciosas, sino más bien lo contrario. Es un dirigente porteño que ya dio muestras de las consideraciones que tiene para el interior y las economías regionales durante su gestión presidencial entre 2015 y 2019. Sin entrar en el análisis de las exiguas cifras que destinó para obras públicas, el caballito de batalla predilecto de los gobernadores peronistas para cuestionarlo, baste recordar el demoledor impacto que tuvieron sobre los emprendimientos productivos y el bolsillo de la gente los tarifazos energéticos.
Aparte, para su proyecto de afirmarse como líder de una derecha sólida y competitiva en la Argentina, Macri tendrá como plataforma territorial la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo control retuvo tras grandes esfuerzos a través de su primo hermano Jorge, electo Jefe de Gobierno el 22 de octubre. En las conjeturas sobre los términos del acuerdo entre Milei y Macri, brilla por su ausencia el blindaje a CABA de la poda libertaria.
El presagio de la motosierra se apodera del espíritu de los gobernadores de provincias con gran dependencia del flujo de fondos nacionales para solventar menos su estabilidad que sus chances de desarrollarse.
Catamarca, inserta en la liga del Norte Grande, es una de ellas.
Los mandatarios se preparan para resistir colectivamente los embates de Milei pero, hombres prevenidos, ya analizan cifras y proyecciones por si deben implementar algún tipo de ajuste.
En la hipótesis de una gestión libertaria, la idea en general es que la merma de fondos federales sea compensada en principio con recortes en los ingresos de los niveles más altos de la administración pública, Poder Judicial incluido.
Los emolumentos de los jerarcas son voluminosos y se entiende que deberían ser los primeros en adecuarse a una reducción de los ingresos públicos provinciales tan traumático como el que sobrevendría de llegar Milei.
Pero eso sería sólo el principio. La profundidad del recorte nacional afectaría también la actividad estatal en general.
Una baja en el ritmo de la obra pública o la edificación de viviendas, por caso, repercutiría en cadena en todo el sector privado relacionado con la construcción. Ni hablar del riesgo para el financiamiento de políticas como la de radicación de empresas y fomento del empleo privado, o de programas como el “Días de Ensueño” o el subsidio al transporte público. La provincia puede sostenerlos porque los ingresos desde Nación le permiten liberar recursos locales para esos fines.
