La fiscal de Instrucción N°7, Paola González Pinto, a cargo de la Secretaría Especializada en Ciberdelitos, solicitó el dictado de una medida cautelar de “no innovar” en el marco de una investigación por una presunta estafa, con el objetivo de proteger el patrimonio de una mujer que denunció haber sido víctima de una maniobra fraudulenta.
De acuerdo con la denuncia, el 19 de noviembre de 2025 la víctima fue contactada vía WhatsApp por personas que se hicieron pasar por representantes de una entidad financiera.
Mediante engaños y bajo la promesa de supuestos beneficios para jubilados, lograron que aportara datos personales y realizara operaciones desde su cuenta bancaria.
Como resultado de la maniobra, se concretaron transferencias a cuentas de terceros y se gestionó un préstamo a su nombre en la entidad financiera por $3.400.000, generando un perjuicio económico significativo.
La denunciante indicó que dichas operaciones fueron realizadas bajo engaño y sin pleno consentimiento.
En su planteo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) sostuvo que los hechos encuadrarían, en principio, en el delito de estafa mediante técnicas de engaño digital, conocidas como “vishing”, y advirtió sobre el riesgo de que el perjuicio continúe agravándose a partir de los débitos mensuales del crédito. Asimismo, la Fiscalía consideró que se encuentran acreditados los requisitos de procedencia de la medida cautelar, en particular la verosimilitud del derecho -a partir de los elementos reunidos que permiten sostener, con grado de probabilidad, la existencia del hecho y el perjuicio denunciado- y el peligro en la demora, vinculado a la continuidad de los descuentos derivados del préstamo obtenido mediante engaño.
El juez de Control de Garantias N°4, Marcelo Sago, hizo lugar al pedido y ordenó a la entidad bancaria suspender, por el plazo de seis meses, los descuentos automáticos del préstamo otorgado el 20 de noviembre de 2025, medida que podrá ser prorrogada mientras avance la investigación.
Es una estafa telefónica donde delincuentes suplantan la identidad de bancos, instituciones o empresas de confianza para robar información personal, datos financieros o dinero. Usan la ingeniería social, generando urgencia o miedo, para que la víctima revele contraseñas, claves dinámicas o tarjetas de crédito.