Piden la suspensión de jury contra Laureano Palacios por falta de garantías en el proceso
Se trata de una acción de amparo que inició el abogado defensor José Camps en la Justicia Federal. Pide que se dicte una resolución por la que se suspenda el inicio del debate.
Otra carta. Esta vez Palacios recurrió a otro fuero judicial para parar el proceso en su contra.
El abogado José Camps, quien ejerce la defensa del fiscal suspendido Laureano Palacios, interpuso una acción de amparo en el Juzgado Federal Nro. 2, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, en contra del Gobierno provincial por actos cometidos por el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia en el proceso contra Palacios. Pidió la suspensión del proceso de enjuiciamiento por considerar que no se respetaron las garantías constitucionales para el debido proceso. Además, insistió en que hay prueba que todavía debe producirse antes de llegar al Jury de Enjuiciamiento, planteo que ya había sido rechazado por el Tribunal.
La presentación se realizó el miércoles, último día hábil de esta semana. Está previsto que el próximo martes, a las 9, se inicie el debate para juzgar el desempeño de Palacios durante las primeras horas de la investigación del crimen del exministro Juan Carlos Rojas.
El recurso considera que el caso ha tomado “una gravedad institucional inusitada, demostrando en forma nítida, inequívoca y concluyente, un flagrante menoscabo a las reglas del debido proceso y violación a las garantías constitucionales de legalidad, razonabilidad de los actos públicos, imparcialidad, defensa en juicio y división de poderes -en su aspecto de independencia judicial- y estabilidad en el ejercicio del cargo”.
Más adelante, Camps consideró que todavía hay prueba que debe producirse en la causa principal que investiga el crimen que todavía no fue resuelta. “A la fecha los investigadores de la División de Homicidios de la Policía Federal Argentina presentan un estado dubitativo respecto a los informes de protocolos de autopsia, estado que es compartido por el fiscal actual de la causa Rojas (Hugo Costilla), quien ante las sugerencias de los especialistas y su indecisión intelectual de duda, realiza un pedido de análisis exhaustivo de las autopsias a los fines de determinar si es científicamente posible una muerte por causa natural, producto de una caída accidental o por descompensación”, indica.
Sobre este mismo punto agrega que resulta clara la conexión entre la causa que investiga el crimen y el proceso de jury: "La 'Causa Rojas' es la causa fuente que origina el proceso de enjuiciamiento y pone bajo análisis la labor del fiscal Palacios en la instrucción, endilgándole como mal desempeño que 'conocía' que estaba ante un homicidio e igual entregó el cuerpo, cuestión que es contrario a lo que surge de los pedidos del fiscal actual y de la División de Homicidios de la Policía Federal Argentina”.
Por otra parte, Camps plantea la pérdida de la jurisdicción por el vencimiento del plazo máximo para la sustanciación del proceso. En esta línea señala que la ley de Enjuiciamientos a Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial contempla un plazo máximo de 70 días de sustanciación de la causa, desde la resolución fundada que dio curso a la denuncia, hecho que ocurrió el 27 de diciembre de 2022," y que hasta la fecha no existe sentencia al respecto", indica.
“Es de resaltar que el presente proceso dobló casi el tiempo estimado habiendo transcurrido ya cinco meses desde la resolución que dio curso a la denuncia, teniendo en consideración que no existieron ejercicios dilatorios, suspensión de plazos, interrupciones, ni pedido de prórrogas por parte de la defensa, y tampoco el Tribunal suspendió o decretó la prórroga del proceso”, argumenta.
Es por eso que presentó una medida cautelar para paralizar el avance del proceso de jury “en atención a la manifiesta ilegitimidad, ilegalidad y arbitrariedad, por estar sometido (Palacios) a un Tribunal parcial, operando con el aparato judicial, y por encontrarse vencidos los plazos de sustanciación de la causa”.
Luego, le solicita al juez federal Nº 2, Guillermo Díaz Martínez, que deje sin efecto el decreto que fija fecha de audiencia de debate, y las resoluciones, “por arbitrariedad achacada al tribunal de enjuiciamiento; y permitiendo el restablecimiento constitucional pedido”.
Además, Camps advierte que realiza reserva del caso federal con la intención de recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Por último, se formuló también reserva del caso internacional, al efecto de recurrir eventualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
