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Piden juicio para el empresario Porcel por abuso de diez menores
El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente la elevación a juicio de la causa seguida contra el empresario Marcelo Eduardo Porcel, acusado de cometer múltiples abusos sexuales y actos de corrupción de menores en perjuicio de al menos diez adolescentes. El requerimiento fue presentado por el fiscal Pablo Turano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, quien consideró completamente agotada la etapa de instrucción del expediente judicial. Ahora, la resolución final sobre la apertura del debate oral se encuentra bajo el análisis del juez Carlos Bruniard, responsable del Juzgado Nacional N°50.
De acuerdo con las constancias de la investigación, las víctimas tenían entre 11 y 15 años de edad al momento de los hechos y pertenecían al círculo de compañeros de colegio de los hijos del imputado. Las maniobras delictivas habrían ocurrido de manera sistemática entre los años 2022 y 2024, aprovechando reuniones de camaradería y actividades sociales organizadas por el propio adulto responsable en sus residencias de los barrios porteños de Palermo y Puerto Madero, además de oficinas comerciales situadas en Retiro. La fiscalía determinó que el empresario implementó un severo mecanismo de manipulación y captación, valiéndose de la marcada asimetría de edad y de la confianza que le dispensaban las familias.
La pieza acusatoria detalla que Porcel facilitaba de forma deliberada el consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación, como vodka y tequila, mediante desafíos económicos y competencias de resistencia con el claro propósito de vulnerar la voluntad de los adolescentes. En ese estado de indefensión, las víctimas eran sometidas a tocamientos impúdicos, masajes sin consentimiento y situaciones de exhibicionismo. Los testimonios recabados mediante el sistema de Cámara Gesell expusieron que el imputado les ofrecía dinero en efectivo o transferencias electrónicas a cambio de apostar en plataformas virtuales o desnudarse dentro de los inmuebles. Adicionalmente, las pericias informáticas realizadas sobre sus dispositivos electrónicos permitieron recuperar material fotográfico de los menores sin prendas de vestir, complementado con el hallazgo de capturas de video provenientes de una cámara oculta instalada en el baño de su propiedad.
A pesar de la gravedad de los cargos, que contemplan penas máximas de entre 15 y 20 años de prisión bajo las figuras de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción agravada por la situación de guarda, el procesado permanece en libertad. Si bien la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó su procesamiento y un millonario embargo de sus bienes, los magistrados rechazaron la prisión preventiva solicitada por la querella, disponiendo únicamente el monitoreo electrónico mediante una tobillera de geolocalización y la entrega de dispositivos duales de alerta para resguardar a los damnificados.