Catamarca y La Rioja perderían entre el 30 y el 35 por ciento de la producción de aceituna debido a la falta de trabajadores para levantar la cosecha, que comenzó a principios de mes. Unos dos millones de kilos en el caso catamarqueño, 10 millones en la provincia vecina, de acuerdo a los cálculos de la Asociación Olivícola (ASOLCAT). A 1,4 dólares el kilo, sería una pérdida de 16,8 millones de dólares en la temporada para la región. 1.800 millones de pesos para atrás, que asumirían productores e industria en principio, pero generarán también pérdidas en el sector que comercializa combustibles e insumos.
“Sucede que la fruta se pasa para lo que es conserva de mesa y ya las empresas no la compran porque está blanda y la atacan los hongos”, explicó Federico Alonzo, asesor de ASOLCAT.
Solo se consiguieron hasta ahora la mitad de los operarios que se requieren para el trabajo. Esto, a pesar de que desde agosto del año pasado el Gobierno nacional respondió a un histórico reclamo de las economías regionales para que los cosecheros pudieran trabajar en blanco sin perder los planes sociales que reciben y derogó la incompatibilidad. Los productores señalan también una baja de los cosecheros que venían de Bolivia, ya que no les rinde el viaje por el retraso cambiario argentino.
El precio del cajón de aceituna –unos 20 kilos- se pactó para este año en 240 pesos, de los cuales al cosechero le quedan en mano 187. Un cosechero hace un promedio de 10 cajones diarios, aunque los más experimentados pueden duplicar esta cantidad. Algunos productores ofrecen pagar más, pero el problema persiste sin perspectivas de solución.
"Todos estos planes nacionales han fomentado a la gente a la no cultura del trabajo cada vez más. Esto no viene de ayer sino de la época de (Eduardo) Duhalde con los planes Jefas y Jefes de Hogar que, si bien se crearon por necesidades ciertas y concretas, se extendieron en el tiempo. Cada vez son más planes y hay planes municipales, provinciales y nacionales”, consideró Alonzo.
Más allá de los cambios culturales que provocó la proliferación de planes sociales y su manipulación política, hay también un problema de credibilidad.
La incompatibilidad entre ser beneficiario de estos programas y trabajador temporario se mantuvo durante años sin que el Gobierno nacional acertara a darle un corte. Típico caso de ignorancia sobre las condiciones que se requieren para desarrollar emprendimientos productivos en el interior del país, ligada a la ausencia de regímenes diferenciados diseñados conforme a esas características específicas. Se trata, en última instancia, del centralismo que mira todo desde la perspectiva de la Pampa Húmeda.
Las economías regionales reclamaron sistemáticamente que se revisara el sistema que impedía a los cosecheros continuar percibiendo sus beneficios mientras durara su trabajo temporario. Como es habitual, se implementaron métodos engorrosos como el de la suspensión del beneficio durante la cosecha y su reposición una vez que esta concluyera, con el previsible resultado de que los beneficiarios de planes de empleo no querían saber nada por el riesgo de quedar afuera del circuito.
Obviamente, el impedimento fomentaba la contratación en negro con el consentimiento del cosechero.
Por fin, la Nación decidió en agosto del año pasado permitir que los “golondrina” cobren en blanco y retengan el beneficio social, pero está con la credibilidad tan erosionada que los beneficiarios de los programas siguen reticentes, no vaya ser que les cambien las reglas de juego. Tantas han sido las idas y vueltas en este asunto.
Cultura del trabajo en extinción, descrédito de las políticas públicas, distorsiones de la economía. Las pérdidas de la cosecha de aceituna son otro elemento que se suma a las evidencias de la degradación nacional.
