Un caso que se ventila en la provincia de Buenos Aires demuestra la inconveniencia respecto...
Un caso que se ventila en la provincia de Buenos Aires demuestra la inconveniencia respecto de que en la investigación sobre presuntos apremios policiales o violencia institucional tengan roles determinantes policías, de la fuerza investigada o de otra, porque suelen contaminar de parcialidad la pesquisa. La reflexión vale para todas las fuerzas policiales, incluida la de Catamarca, que atraviesa momentos de fuerte tensión por el juicio por la muerte del joven Diego Pachao, que tiene a seis efectivos en el banquillo de los acusados.
En el caso mencionado al comienzo, un informe de la Asesoría Pericial dependiente de la Corte Suprema bonaerense determinó que la joven Daiana Abregú, que murió en la Comisaría de Laprida el 5 de junio pasado no se suicidó como habían dictaminado los peritos de la Policía Federal convocados por el fiscal. Las nuevas pericias fueron solicitadas por la Comisión Provincial por la Memoria porque desconfiaban de los resultados de la primera pericia, basada en los testimonios de los policías acusados por la muerte. Luego de esa pericia, los cinco efectivos habían sido liberados por la Justicia, pero los nuevos estudios complican otra vez a los acusados y reorienta otra vez el cauce de la investigación.
No existen en las fuerzas de seguridad de la Argentina departamentos internos que indaguen con profesionalismo e imparcialidad a los efectivos que son sospechados de cometer irregularidades o delitos de algún tipo, como sucede en algunos países, como Estados Unidos o Gran Bretaña, investigaciones que suelen recrearse en series o películas policiales con origen en esas naciones.
Cuando se denuncia un caso de brutalidad policial se abre en la Argentina, y también en Catamarca, una causa que será investigado por un fiscal pero que cuenta con el apoyo, como en todas las causas penales, de los efectivos policiales –provinciales o federales-, según la jurisdicción. En estos casos es importante que sea la Justicia la que controle estrictamente el rumbo de la investigación a los efectos de garantizar la imparcialidad. Paralelamente, desde la conducción política o estrictamente policial se anuncian investigaciones internas, sumarios, que en la práctica nunca avanzan lo suficiente como para determinar las responsabilidades de los efectivos acusados, salvo que sí avance la pesquisa de la policía hasta una eventual condena, algo que tampoco sucede frecuentemente.
De modo que los antecedentes nacionales y policiales en este tipo de situaciones aconsejan la puesta en marcha de investigaciones independientes, sobre todo en lo que se refiere a pericias o análisis técnicos o científicos. La Justicia debería, además, conducir la investigación tomando estos recaudos, a los efectos de evitar que la parcialidad termine consagrando la impunidad, que es casi lo que sucede en el caso de Daiana Abregú y lo que ha ocurrido en muchos otros casos que involucran a policías.
