El bloque Generación del Cambio presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas explique la transferencia de $114.666.666 a la Defensoría del Pueblo para gastos de funcionamiento. Los legisladores cuestionan que la asignación se realizó mediante resolución ministerial sin cumplir con los controles legislativos establecidos por ley. Esta suma forma parte de un pedido inicial de 344 millones de pesos que había solicitado el defensor Dalmacio Mera.
El proyecto se basa en la Resolución Ministerial del 10 de septiembre, que autorizó la transferencia de fondos para el segundo período bimestral del año. Según el bloque opositor, esta asignación vulnera la Ley 5337, que establece que el presupuesto de la Defensoría debe elaborarse por el organismo y remitirse a la Comisión de Hacienda de Diputados para su dictamen.
La norma especifica que el Poder Ejecutivo no puede modificar las previsiones presupuestarias sin contar con dictamen favorable de la Comisión. Además, prevé que las modificaciones solicitadas al Ejecutivo deben ser aprobadas o rechazadas por la Cámara en un plazo determinado.
El Decreto Acuerdo 718/2025 transfirió funciones, personal y bienes del Ente Regulador de Servicios Públicos a la Defensoría y facultó al Ministerio de Hacienda a adoptar medidas presupuestarias necesarias. Sin embargo, según la oposición, no derogó el control legislativo ni modificó las facultades presupuestarias de la Legislatura.
Mera había solicitado al ministro de Hacienda Juan Marchetti un refuerzo presupuestario de 344 millones de pesos para garantizar el funcionamiento de la Defensoría durante el segundo semestre, argumentando que la institución asumió responsabilidades del disuelto ENRE y la integración de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. El pedido se desglosaba en 65 millones para personal ex-ENRE, 127 millones para gastos corrientes y 152 millones para gastos de capital.
El pedido de informes requiere al Ministerio de Hacienda que en diez días hábiles remita copia del expediente que originó la resolución, el dictamen de la Comisión de Hacienda, los fundamentos normativos para efectuar asignaciones sin ley previa, el detalle de partidas reasignadas y la autorización para que la Defensoría ejecute los fondos. También solicita a la Defensoría que informe sobre su presupuesto 2025, las constancias de aprobación legislativa y el destino de los fondos recibidos. Al Tribunal de Cuentas le pide detalles sobre auditorías y controles realizados, y si detectó irregularidades en contrataciones y adquisiciones.
