No es necesario hacer una investigación exhaustiva para que salgan a la luz las diferencias en los tiempos con los que se tramitan los expedientes judiciales según el status de quien es el sospechoso de delinquir. No es ningún descubrimiento pero los ejemplos son recurrentes y alarman, ya que hacen tambalear la credibilidad de un sistema judicial que debe caracterizarse por su imparcialidad y equidad.
Ante la opinión pública es frecuente escuchar que existe una “justicia para ricos y una justicia para pobres”. La frase no es antojadiza y se ve reforzada ante una serie de causas que se tramitan en el Poder Judicial provincial en las cuales emergen las disparidades de los tiempos de investigación según el portador.
Por ejemplo, a fines de noviembre fue imputado el funcionario judicial Pablo Seco Maza por la distribución de material de abuso y explotación sexual infantil. La causa salió a la luz en febrero cuando se realizó un allanamiento en el edificio en la Fiscalía en la que Seco Maza era secretario. Ese día fueron incautados computadoras y otros dispositivos electrónicos que habrían sido empleados por el sospechoso, quien comenzó a ser investigado en el 2022. Nueve meses transcurrieron hasta que finalmente Seco Maza fue citado para indagatoria, pero nunca pudo concretarse el acto judicial debido a que su defensa particular planteó una oposición y la cuestión tendrá que ser definida por el Juzgado de Control de Garantías. En forma paralela se abrió un sumario en la Corte de Justicia por lo que Seco Maza fue apartado de su labor en la Fiscalía Penal pero fue designado como secretario (transitoriamente) en el Juzgado Electoral y de Minas, según lo publica la página web de la Corte de Justicia en su guía de magistrados y funcionarios.
En las antípodas está el caso de Mauricio Robles, quien fue detenido en enero por idéntico delito al que le achacaron al funcionario judicial. El sospechoso de 28 años había sido denunciado por enviar a un grupo de Whatsapp imágenes de abuso sexual infantil, lo que otrora era incorrectamente denominado “pornografía infantil”. Sobre Robles cayó todo el peso de la ley, como debería ser la regla. Tras la indagatoria se lo envió al penal de Miraflores y en octubre la Fiscalía de Instrucción N° 7, a cargo de Valeria Reyes, –intervino Alejandro Gober en el origen de la pesquisa- concluyó la investigación y elevó la causa a juicio. Nueve meses pasaron entre la denuncia y la elevación a juicio. Robles durante el proceso contó con la asistencia de un defensor oficial.
Otro ejemplo que desnuda la disparidad en los tiempos es la causa contra Lucas Ramírez, quien fue detenido e imputado en septiembre último por la distribución de material de abuso sexual infantil. El sujeto, al momento de ser arrestado, fue sorprendido en plena descarga de videos. Había comenzado a ser investigado en junio. Tras haber permanecido casi veinte días detenido fue excarcelado pero le fijaron restricciones. La causa sigue en trámite y se espera que en los primeros meses del 2024 sea enviada a juicio.
Es evidente la diferencia en las diligencias en la causa Seco Maza y los expedientes Robles y Ramírez. Éstos no son los únicos casos pues existen otros en los que queda de manifiesto cómo los tiempos de la justicia siguen su curso normal o se ralentizan según quien sea el sujeto a investigar.
Ante la opinión pública es frecuente escuchar -y la frase no es antojadiza- que existe una “justicia para ricos y una justicia para pobres”.