martes 20 de febrero de 2024
Pidió la suspensión de la indagatoria

Para la defensa de Seco Maza, hay faltante de pruebas en la causa

Plantearon que hay carencia de elementos probatorios que puedan determinar la existencia de un hecho delictivo.

Para la defensa del funcionario judicial Pablo Seco Maza, quien está sospechado de haber compartido videos que contenían material de abuso y explotación sexual en la infancia, faltan pruebas que puedan acreditar el hecho delictivo que le endilgan.

Seco Maza iba a ser indagado ayer por el fiscal de Instrucción N° 8, Sebastián Pelisari, en el edificio de Fiscalía General. El investigador Pelisari lo iba a imputar por el delito de “distribución de material de abuso y explotación sexual infantil calificada por ser cometido en contra de una víctima menor de 13 años”.

Finalmente, la indagatoria de Seco Maza no se pudo concretar. Esto se debe a que su abogado defensor, Arturo Herrera Basualdo, pidió la suspensión del acto procesal por medio de un recurso de excepción previo y especial pronunciamiento por falta de acción penal por inexistencia del delito, según informaron fuentes judiciales a El Ancasti.

Ante esta situación, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) emitirá un dictamen y correrá vista a la Asesoría de Menores sobre esta presentación. Luego, será el Juzgado de Control de Garantías el ámbito en donde se resolverá el incidente.

De acuerdo con la información a la que accedió este medio, la defensa hizo un planteo referente a la falta de elementos de prueba que puedan determinar la existencia de un hecho delictivo por parte de Seco Maza, por lo que pidió la suspensión de la indagatoria y la intervención del Juzgado de Control de Garantías.

La Fiscalía sospecha que Seco Maza envió dos videos -de 10 segundos cada uno- con material de abuso y explotación sexual en la infancia a un grupo que compartía con otras personas en una aplicación de mensajería.

Esto habría ocurrido en el año 2019 y fue advertido por organismos internacionales que luchan contra la explotación sexual infantil.

El miércoles 22 de noviembre, las fuentes señalaron que la Secretaría de Sumarios de la Corte de Justicia de Catamarca informó que se encuentra abierto el sumario administrativo en contra de Seco Maza, en el cual se dictó la prejudicialidad, lo que significa que el resultado del trámite dependerá de la conclusión de la causa penal.

Caso

La pesquisa comenzó en el 2022 por un reporte que emitió la Red 24/7 de delitos informáticos y evidencia digital.

Esa red alertó a los investigadores de que, presuntamente, el funcionario judicial estaba transmitiendo imágenes con contenido sexual con niñas, niños y adolescentes como víctimas.

El viernes 17 de febrero de este año se realizó un allanamiento en el edificio de Fiscalía General, que por entonces todavía estaba ubicado sobre calle Junín, en el centro de la ciudad Capital.

El procedimiento se llevó a cabo en la oficina de la Fiscalía de Instrucción Nº 9, donde Seco Maza trabajaba como secretario.

De allí se secuestró una CPU, celulares que pertenecen al funcionario en cuestión y se buscaron otros dispositivos de almacenamiento digital. La medida había sido dispuesta por el fiscal Pelisari. Ese día, se habían hecho tres allanamientos en total en la Capital y en el interior provincial.

El allanamiento en Fiscalía fue parte de una batería de medidas que se desplegaron en el territorio provincial.

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Difusión

¿Qué se entiende por difusión de imágenes con contenido sexual de menores de edad? Es producir, financiar, ofrecer, comerciar, publicar, facilitar, divulgar o distribuir, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales o una representación de sus partes genitales con fines sexuales.

Según el Código Penal de la Nación Argentina, en su artículo 128, quienes incurran en esta conducta serán reprimidos con prisión de 6 meses a 4 años.

La tenencia también es sancionada con penas de 4 meses hasta un año de prisión.

En tanto que aquel que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o enviare material porno a menores de 14 años será reprimido con una pena de un mes a tres años.

Todas las escalas penales de este artículo se elevan si la víctima es menor de 13 años.

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