jueves 2 de febrero de 2023

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Cara y Cruz

"Papa soy"

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En un trabado cónclave para elegir al Papa, en el Medioevo, los cardenales no lograban ponerse de acuerdo ni reunir la mayoría necesaria para consagrar a alguno de ellos. La discusión se extendía infructuosa, con beligerancia creciente y menudeo de improperios, hasta que los contendientes más poderosos, agotados y afónicos, creyeron que podían encontrar el punto de acuerdo circunstancial en uno de los miembros más ancianos del Colegio Cardenalicio, que se la había pasado dormitando, ajeno a la polémica. En varias oportunidades había estado a punto de caerse de la silla y era necesario asistirlo para cualquier mínimo traslado.

Basados en estos indicios de decrepitud, los polemistas decidieron designar al inofensivo colega por aclamación. El poco tiempo que durara su Papado, conjeturaban, daría margen a cada aspirante para reorganizar alianzas y fortalecerse para el próximo cónclave. Los más ladinos esperaban poder manipular a su favor la voluntad de un Sumo Pontífice senil.

Pero la proclamación obró en el tipo el efecto de la Fuente de Juvencia. En cuanto tuvo garantizada la manija de la Iglesia, antes de que sus electores empezaran con las franelas de rigor, se despertó, recompuso el cuerpo, se secó la saliva de las comisuras y su mirada adquirió un inquietante brillo de lucidez.

“Papa soy”, dijo, anticipando una vigencia bastante más larga que la que le pronosticaban y una independencia de criterio que chasqueó los ideólogos de la maniobra.

Una decepción similar a la de aquellos cardenales debe estar sufriendo el Gobierno con la Corte de Justicia, que le declaró la guerra presupuestaria arropada en el taquillero principio de la independencia judicial.

Salvo José “Pepe” Cáceres, último mohicano de la era radical, todos los miembros del tribunal han sido designados por el peronismo, a lo largo de un proceso iniciado por Lucía Corpacci que incluyó dos ampliaciones del número: Miguel Figueroa Vicario, Vilma Molina, Fernanda Rosales, Hernán Martel, Fabiana Gómez y Verónica Saldaño. El oficialismo pagó costos por el rediseño, ya que los seis tienen precedentes políticos y vínculos familiares en los que la oposición estribó para denunciar un proyecto de colonización de la Justicia.

La rebelión presupuestaria relativiza la dependencia por razones de gratitud de los magistrados respecto de quienes los designan, cosa que también puede advertirse en la peripecia judicial que atraviesa Cristina Kirchner.

“Papa soy”, dirán los ministros de la Corte ahora, para desconsuelo de sus promotores. Con menos boato, esgrimirán también el dicho catamarqueño que aconseja jugar con el coya, pero no con las alforjas.

Para la batalla por los recursos, la Corte ha conseguido el respaldo de la Asociación de Magistrados, el sindicato de los judiciales y el Colegio de Abogados.

Esta unanimidad corporativa no es extraña.

La Legislatura podó el 30% de los recursos que pedía el Poder Judicial para su Presupuesto del año que viene, confeccionado por la Corte.

El incremento pretendido estaba 40 puntos por encima de la pauta del Gobierno. El desfasaje obedecía a que proyectaba incrementos salariales del 90% para la Justicia, contra alrededor del 60 calculados para los poderes Ejecutivo y Legislativo. Es decir: la diferencia no estaba en gastos de capital, sino en los gastos corrientes.

Los magistrados y el sindicato judicial, lógicamente, esperan beneficiarse con tamaño aumento hipotético. La posición del Colegio de Abogados, cuya conducción también se erigió fomentada por el peronismo, se explica menos por los pruritos republicanos que por las expectativas en ingresar a una Justicia cuyos emolumentos superan largamente los de la administración pública que tiene asociados cercanos a dedos influyentes.

Parece que la pechadera es fuerte. Para no abandonar las analogías clericales: “no hay cura que no quiera ser Papa”.

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Acusado. Esteban Cabello.

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