15 de febrero de 2023 - 01:25
La sexta jornada del juicio por las compras directas realizadas por la Subsecretaría de Acción Social durante la gestión de Víctor Brandán y de Pablo Doro en el Ministerio de Salud en el gobierno del FCS, se caracterizó por declaraciones que complicaron la situación procesal del gremialista. Sucede que en la oportunidad, declaró el exsecretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas, quien fue el responsable de que se realice una auditoría a la gestión de Brandán. El exfuncionario de la gestión de Eduardo Brizuela del Moral, afirmó que debió pedir esta investigación porque “tuvo problemas con la documentación” cuando se hizo el traspaso de mando.
En la jornada declararon cuatros testigos. El último en hacerlo fue Córdoba Molas, quien debía comparecer en las audiencias anteriores pero recién lo hizo hoy porque no había podido ser localizado. Al momento de responder las preguntas del Ministerio Público Fiscal, el exfuncionario indicó que cuando llegó a la Secretaría (que dejó de pertenecer a la órbita del Ministerio de Salud en la gestión de Brizuela del Moral) no contaba con documentación suficiente de parte de la gestión de Brandán.
Dijo que previo a asumir intentó reunirse con el exsubsecretario pero que no encontró “predisposición de este para hacer mejor las cosas”. Añadió que apenas llegó a la Secretaría pidió hacer inventario de lo que le dejaba Brandán ya que este no hizo esta tarea. “No puedo decir si dejó mucho o poco porque no tenía constancia de lo anterior”, dijo.
Agregó que para que el traspaso sea ordenado debería haberse emitido “actas de recepción” y afirmó que la documentación que existía en la cartera “no estaba muy ordenada”. También sostuvo que no tenía información de lo que había en los depósitos al momento de asumir.
Ante esta situación es que pidió al Tribunal de Cuentas la realización de una auditoria. Sin embargo, aclaró que al momento de abandonar la Secretaría aún no había tenido los resultados de la investigación.
También afirmó que durante su mandato creó el área de Licitaciones y Compras para centralizar toda esta actividad en una sola dependencia ya que en la gestión de Brandán estas actividades las hacían diferentes sectores de la Subsecretaría.
Córdoba Molas advirtió que no solo tuvo problemas para conocer qué le dejó Brandán, sino que también tuvo inconvenientes con fondos nacionales. Dijo que al momento de asumir, existía un clima social complicado producto de la crisis de la época (diciembre de 2003) que requería del rápido accionar de la Secretaría para dar respuesta a reclamos por ayudas alimentarias. En este contexto, dijo que había fondos nacionales correspondientes a programas alimentarios que estaban trabados por problemas en las rendiciones de cuentas. “Hubo conversaciones con funcionarios nacionales para que nos destraben partidas para con eso empezar a dar respuestas a los reclamos”, aseveró.
Más allá de todos los planteos a la gestión de Brandán, Córdoba Molas reconoció que la asistencia social en esa época “no era muy fácil de controlar” porque era un área muy complicada. “Había que dar respuestas rápidas y a veces los expedientes no venían completos”, afirmó.
Previo a la declaración de Córdoba Molas, compareció una exempleada del Tribunal de Cuentas que estuvo a cargo del sumario a la gestión de Brandán. La mujer de apellido García, indicó que en su dictamen se determinó que hubo daño a la hacienda pública. En este marco, detalló las irregularidades que pudo determinar gracias al trabajo de los auditores del órgano de contralor. De esta forma, advirtió que se descubrió irregularidades en la entrega de subsidios de materiales de construcción, ya que los beneficiarios que aparecían en los expedientes aseguraron que no recibieron los fondos. También dijo que se descubrió sobreprecio en la compra de medicamentos.
Posteriormente, resaltó que hubo irregularidades de “carácter formales” como excesos a los topes de las compras previstas en la época o irregularidades en compras directas de alimentos para armar bolsones. También indicó que se detectó que se le compró productos a un mismo proveedor cuando esto no está contemplado en las normas vigentes por ese entonces.
Más adelante, resaltó que tanto a Doro como a Brandán se les pidió que hagan sus respectivos descargos a los resultados de las auditorías. Sostuvo que en el caso del exministro, “su descargo fue bastante coherente”, mientras que Brandán nunca respondió a los planteos del Tribunal.
Finalmente y ante una pregunta del presidente del Tribunal, Marcelo Soria, con relación al trabajo de los auditores, García dijo que fue “muy poca” la documentación a la que pudieron acceder.
Al cierre de la jornada, declaró otra de las supuestas beneficiarias que figuraban en los expedientes de la Subsecretaría como que recibieron ayudas cuando en realidad no percibieron nada. Se trata de una mujer de apellido Herrera, quien está registrada como beneficiaria de materiales de construcción, cuando en realidad se anotó en el organismo para recibir bolsones alimentarios.
Al cierre de la jornada el tribunal decidió que se realice una audiencia este viernes. La determinación se tomó teniendo en cuenta que el próximo lunes y martes, fechas a las que se les designó las próximas audiencias son feriados nacionales, por lo que deberían pasar para el miércoles y jueves.
El supervisor que no supervisaba
Una situación curiosa se dio al principio de la audiencia con la declaración de un testigo de apellido Paissig Cruz, quien estuvo designado como supervisor en la Subsecretaria a cargo de Brandán en los últimos tres meses de su gestión. Es que la declaración del testigo generó confusión en más de una oportunidad y provocó cruces entre los representantes del Ministerio Público Fiscal y las defensas de los acusados.
Paissig Cruz dijo que estuvo designado con un índice 06 “el más bajo de los índices al menos en ese momento”, en la Subsecretaría. Afirmó que como supervisor no tenía ninguna tarea específica, no tenía horario de trabajo, ni oficina pero que si iba a trabajar y brindada una suerte de asesoramiento en “cuestiones económicas”. Dijo que llegó a Desarrollo Social porque ya conocía a Brandán en el Gremio de la UOCRA donde también lo asesoraba y que el subsecretario le dijo que “tenía unos índices para dar”. Agregó que si bien Brandán era el subsecretario, él no tenía jefes y no se reportaba a ningún superior.
Si bien reconoció que como supervisor “no tenía poder de firma”, indicó que firmó un remito de mercadería por parte de un proveedor. Dijo que fue el único remito que firmó en su paso por la Subsecretaría y aunque reconoció que no debía hacerlo dijo que lo hizo por “inexperiencia en la administración pública”.
Es este punto el que generó más confusión a las partes que ante los pedidos al testigo para que aclare más dudas producía. Esto ocasionó cruces entre los fiscales y los defensores que debieron ser aplacados por el tribunal. Sucede que el testigo dijo que si bien firmó el remito, lo hizo antes de que oficialmente sea designado como supervisor. Cuando se le preguntó de quién era ese comprobante dijo que era de un proveedor que no recuerda el nombre pero que “era alto, pelirrojo y cuarentón”. Sostuvo que no leyó el documento que firmó.
Añadió que la firma de este remito la hizo en el despacho de Brandán cuando este no estaba, aunque posteriormente dijo que el subsecretario se encontraba en otra oficina.
El testigo dijo que cuando ingresó a la Subsecretaría tenía 52 años y ya era profesional. Esta declaración ocasionó que el juez le pida una aclaración que generó algunas risas entre los presentes. Sucede que Soria le llamó la atención que siendo mayor de edad y licenciado en Economía haya firmado un documento por “ingenuidad”, en ese sentido preguntó si “no rindió la materia” vinculada a procesos administrativos.
