Una combinación de factores ha posibilitado que las empresas productoras de litio en Argentina obtengan ganancias extraordinarias. La importancia del litio como mineral estratégico para la transición energética ha elevado su precio: se cuadruplicó en el último lustro. Su mote de oro blanco tiene cada vez mayores fundamentos. Ése es el factor de mayor gravitación. Pero también las firmas que operan en el país obtienen una renta extraordinaria porque la regulación de la actividad está dada por una legislación muy beneficiosa, a diferencia de las existentes, por ejemplo, en Chile y Bolivia. En esos países la explotación y producción del litio tienen regulaciones específicas, diseñadas a partir de la consideración de su carácter estratégico.
En la Argentina eso no sucede. La regulación de las actividades de exploración, extracción y procesamiento de litio está comprendida dentro del marco normativo minero general. Son dos las leyes que integran ese marco, ambas sancionadas durante la década del noventa, en un contexto político marcado por el auge del proyecto neoliberal del menemismo: el Código de Minería y la Ley N° 24196 de Inversiones Mineras. La normativa vigente, entonces, establece que las provincias, que tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio (según el artículo 124 de la Constitución Nacional, reformada en esa misma época), no pueden cobrar más del 3% de regalías. Ese mismo bajo porcentaje fue el que percibió Catamarca durante toda la explotación del yacimiento de Bajo de la Alumbrera, pero en este caso la provincia recibía ganancias extras en su condición de socia del proyecto a través de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio).
En este contexto, los gobiernos de las provincias productoras de litio, Catamarca, Salta y Jujuy, vienen manteniendo reuniones con el propósito de buscar alternativas conjuntas para incrementar los beneficios de la producción del mineral “de moda”. En agosto del año pasado suscribieron un acta en la que se menciona la necesidad de "captar la renta económica de las empresas mineras originada por la variación extraordinaria en el valor del mineral, entendiendo como justa la compensación económica a los estados provinciales como titulares del dominio originario de los recursos naturales no renovables existentes en sus territorios, con el objetivo de promover al desarrollo económico y social de la región.
En febrero de este año los gobernadores de las tres jurisdicciones acordaron en una reunión realizada en Buenos Aires de la Mesa que integran junto con el Gobierno nacional e YPF, la implementación de una estrategia para lograr una mayor recaudación de la explotación del litio. “La Mesa de Litio expresó su preocupación de que las provincias no están participando de las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas, a partir del crecimiento considerable del precio internacional, para lo que se está evaluando qué medidas adoptar", expresaron los mandatarios en aquella oportunidad en un comunicado conjunto.
Producción local
En ese encuentro se habló también de la implementación a nivel nacional de un nuevo marco normativo para garantizar que una porción de la extracción se convierta en producción local, evitando la exportación de todo el mineral en bruto, sin procesar. Esta iniciativa marca un intento de modificar el paradigma exclusivamente extractivita que ha sido hegemónica en la minería argentina históricamente hacia una visión “industrialista”, para utilizar al litio como insumo para la producción de baterías.
En función de lo resuelto en esa reunión, las tres provincias elaboraron una nota que se le presentó el 9 de marzo a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. En el escrito se planteó la necesidad de contar con carbonato de litio disponible para proyectos de agregado de valor; y además mejorar los ingresos percibidos y a percibir por la actividad productiva de litio. Del lado empresario no hubo precisamente una acogida entusiasta de la propuesta de los gobernadores norteños. Las firmas que explotan el litio en la Argentina se han mostrado históricamente reticentes a resignar recursos a favor de las provincias, aún cuando un gesto de esta naturaleza mejoraría notablemente la licencia social de la minería en general, y de la explotación del litio en particular. No solo eso, algunas empresas han apelado a maniobras irregulares para incrementar sus ganancias, como Livent cuando operaba la explotación del proyecto radicado en el Salar del Hombre muerto del lado catamarqueño, que subfacturó las exportaciones del carbonato de litio, o la operadora Liex-Zijin, acusada de sobrefacturar importaciones en maquinarias e insumos destinados a la explotación de litio.
El pasado jueves los gobernadores volvieron a reunirse para reimpulsar la estrategia de obtener mayores ingresos. Del encuentro también participaron la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, y el ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa. La novedad, en esta oportunidad, es que se fijó un plazo –el 30 de octubre- para la elaboración de un proyecto normativo que defina la forma y modalidad de un “Aporte Especial Minero de Litio” que permita captar una renta mayor de la explotación del litio. La iniciativa deberá especificar con claridad el destino de los fondos, con prioridad en la mejora de la infraestructura productiva.
Otra novedad surgida de la reunión, que se llevó a cabo en la Casa de Jujuy en la ciudad de Buenos Aires, fue impulsar la creación de la Subcomisión de "Industrialización y Agregado de Valor", que tendrá como misión inmediata desarrollar una propuesta para que las empresas que operan en cada provincia destinen hasta el 20% de su producción de litio o sus derivados a proyectos de agregado de valor en origen.
Precedente
La captación de mayores ingresos para las provincias productoras de litio, estrategia justificada en la renta extraordinaria de las empresas por la disparada del precio de mercado del mineral y en las escasas regalías que reciben las jurisdicciones subnacionales, y el impulso a la industrialización en origen de una quinta parte de lo producido, no solo mejoraría la rentabilidad de la actividad minera, sino que además sentaría un importante precedente respecto de la voluntad de los estados provinciales de negociar con mayor firmeza las condiciones en las que se desarrollarán los emprendimientos mineros. Atraer inversiones sin mayores exigencias que las contempladas en el marco legal, que ahora podría modificarse, son estrategias de otras épocas.
