Una veintena de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales pidieron al Congreso que proceda a la derogación del DNU que reforma la ley de Inteligencia, al advertir que "debilita los controles democráticos" porque permite la aprehensión de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial.
La postura está plasmada en un documento firmado por Amnistía Internacional Argentina, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Poder Ciudadano, CELS, Democracia en Red, Fundación SES, Fundación Vía Libre y la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, entre otros.
Las entidades de derechos humanos y sociales pidieron al Congreso que rechace ese DNU y la oposición está buscando alcanzar el número para poder anular esa medida del Poder Ejecutivo. "Advertimos que se trata de un DNU manifiestamente inconstitucional, que amplía la discrecionalidad estatal y habilita prácticas que creíamos superadas. El Congreso debe rechazarlo", expresaron.
Los organismos señalaron que el DNU de reforma de la ley de Inteligencia "es grave" porque "habilita vigilancia masiva, concentra más poder en la SIDE y debilita los controles democráticos". "Por primera vez en democracia, la SIDE puede proceder a la aprehensión de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial", señalaron.
Las organizaciones destacaron que "esto deja habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación. Es transformar a los servicios de inteligencia en una especie de policía secreta y sin control".
En esa línea, sostuvieron que el DNU "obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control".
Agregaron que "se vuelve así una herramienta para realizar vigilancia masiva. Además, la acumulación de grandes cantidades de datos en un solo organismo es todavía más peligrosa en la medida en que el Estado no tiene una política adecuada de seguridad de la información y las filtraciones son frecuentes".