Por primera vez en el Tribunal Penal Juvenil se llevó a cabo una audiencia de revisión periódica de la pena de un joven condenado a cuatro años y seis meses de prisión. El juez penal juvenil Rodrigo Morabito convocó a las partes tras una pericia realizada al joven. Al joven se le diagnosticó esquizofrenia con brotes psicóticos, sumado a un consumo problemático de sustancias (marihuana, cocaína y psicofármacos).
La audiencia se desarrolló de manera oral y fue presidida por el magistrado del fuero especializado. Participaron el fiscal penal juvenil Guillermo Narváez, el defensor especializado Daniel Véliz y la asesora de Menores e Incapaces Carolina Acuña Barrionuevo junto con operadores de los Ministerios Salud, Seguridad y Desarrollo Social.
De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, en marzo último el joven fue condenado a cuatro años de prisión por distintos delitos que había cometido cuando era adolescente. Desde entonces, se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Posterior a la condena, se le efectuó una pericia. Los psicólogos del penal indicaron que tiene un cuadro de esquizofrenia, por lo que se encuentra en una situación de inimputabilidad. Se estableció que no puede comprender sus acciones, lo que está bien de lo que está mal ni tampoco puede dirigir sus acciones.
Tras anoticiarse de esta pericia, Morabito convocó a una audiencia de ejecución penal interdisciplinaria con todos los actores del Estado. En la ocasión, solicitó a todos los organismos del Estado (psiquiatra, psicólogos y asistentes sociales) una evaluación interdisciplinaria, con un único diagnóstico y con una sola estrategia de intervención a partir de ahora. En la audiencia también participó la psiquiatra infanto-juvenil del Poder Judicial Mariana Díaz.
Según se remarcó, el objetivo es establecer qué se va a resolver, cómo se va a proceder y dónde. Al respecto, se indicó que la Ley Provincial 5544 de Responsabilidad Penal Juvenil establece que los jóvenes deben estar alojados en un centro especializado. En este caso, ante este diagnóstico, el joven debe estar en un centro de salud, con medidas de seguridad y con un tratamiento adecuado.
Todas las partes hicieron su aporte, sobre todo en Salud Mental.
Es necesario un diagnóstico y una estrategia para poder avanzar en el tratamiento. Se encuentra muy deteriorado y afectado. También se estableció que es necesario un trabajo integral. El magistrado encomendó que en conjunto se elabore un informe integral, con un diagnóstico y se indique el lugar donde se podría llevar a cabo la internación del joven y la estrategia de intervención por parte de todos los actores del Estado, por Salud Mental y Adicciones del SPP, por el Ministerio de Salud, por el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes a cargo de la Secretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social. La audiencia se reanudará este viernes. Los operadores deberán presentarse ante el Tribunal con una estrategia unificada.
En marzo de este año en la Cámara de Sentencia Penal Juvenil, el juez Morabito –quien luego quedó a cargo de la ejecución penal- fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión un joven que había llegado imputado por 14 hechos, todos delitos contra la propiedad -varios robos, un robo agravado por el uso de arma, otro robo agravado por ser cometido en lugar poblado y en banda y varios hechos más de encubrimiento por receptación-, entre 2022 y 2023, cuando era un adolescente.
En el marco de la audiencia, el fiscal Narváez destacó que el defensor tiene la oportunidad para reivindicar el trabajo que se realizó para la contención, el tratamiento de la adicción del joven desde el momento que la Justicia intervino en los hechos que se le enrostran. “Creo que todos los actores y protagonistas de este proceso penal han consagrado como horizonte en primer lugar la contención del joven, la ayuda y el diálogo. De ningún modo este régimen es punitivista, sino que busca soluciones alternativas y proteger la integridad física y psicológica del joven”, consideró el fiscal Narváez.
Las partes acordaron la inmediata detención del joven y su incorporación al programa MAIA. El magistrado hizo lugar. Argumentó que el joven tiene constante recaídas en su situación problemática de salud y, como consecuencia de ello, reitera conductas transgresoras ocasionándole daño a otras personas. Para el juez Morabito, en esta oportunidad procede la excepcional privación de libertad solicitada y el abordaje inmediato por parte de las autoridades estatales a su situación de consumo problemático.
