Por Marcelo Carabajal
jueves 19 de marzo de 2026
Desde la querella aseguraron que la catamarqueña Valeria Graciana Páez hizo un “despliegue cinematográfico” para cometer los presuntos fraudes que está investigando la Justicia de Salta.
Por Marcelo Carabajal
El abogado Rodrigo Palacios, de la provincia de Salta, quien representa a 33 personas que denunciaron penalmente a la catamarqueña Valeria Graciana Páez por estafa, brindó una entrevista a El Ancasti y dio detalles de cómo funcionaba la supuesta consultora minera que ella dirigía. El letrado mencionó que, como parte del ardid, desembarcaban en una provincia -en este caso Salta- y hacían un “despliegue cinematográfico”.
“Ellos alquilaban oficinas ostentosas. Tenían camionetas 4x4 equipadas para subir a una mina, las camionetas estaban ploteadas con el nombre de la consultora que era regenteada o liderada por Páez. Convocaban a una propuesta laboral masiva. La persona que iba a buscar trabajo pasaba por un filtro de un licenciado de recursos humanos, por cuatro entrevistas y finalmente culminaba en un preocupacional, con estos estudios para ver si la salud era apta para trabajar en la altura, como es la puna salteña. Contrataban a personas de recursos humanos, contrataban abogados, ingenieros y contadores. Entonces, uno cuando iba a una entrevista, veía una empresa sólida y consolidada. Todas las gestiones que se hacían tenían la apariencia de ser óptimas y reales. Todo el despliegue que se hacía, consistía en este ardid. Una vez que ellos se consolidaban y tenían un grupo cuantioso de personas, ahí es donde venía el pedido de dinero y donde se terminaba de configurar una parte de la estafa”, explicó Palacios.
El abogado remarcó que “la estafa contenía promesas que parecían demasiado buenas para ser verdad”, y consideró que Páez no es “una persona improvisada” porque tenía “un sistema armado para engañar”. Palacios destacó que nunca vio “una estafa que tenga tanto despliegue, de esta magnitud, que involucre a tantas personas y en tantas provincias”. En este sentido, precisó que Salta “vendría a ser la sexta provincia” en donde Páez habría realizado este tipo de maniobras fraudulentas. “En primer lugar, la estafa habría surgido en Catamarca. Luego, Córdoba, Tucumán, San Juan, Jujuy y finalmente Salta”, añadió.
Esa supuesta consultora ofrecía servicios específicos como estudios de suelo, obras y mantenimiento en la puna salteña. La investigación, que se está desarrollando en Salta, se originó por la denuncia de una abogada. La letrada había sido contratada para prestar servicios en la consultora. Fuentes judiciales señalaron que había dos engaños. Uno, para los potenciales socios de la consultora. El otro, para quienes aspiraban a trabajar en la empresa.
Con el primer ardid, se apuntaba a conseguir interesados en sumarse a un supuesto proyecto minero. A los potenciales socios, les mostraban planos de la zona en la que iban a intervenir, se constituían asociaciones legítimas en Personería Jurídica, les manifestaban que estaban en tratativas con una empresa minera productora y que habían accedido a la licitación de una obra.
En esa instancia, los potenciales socios se involucraban e invertían dinero para asociarse a ese supuesto proyecto minero, con la intención de obtener ingresos una vez que crezca la sociedad. Sin embargo, cuando el proyecto tenía que convertirse en un hecho real, Páez y la consultora dejaban de dar respuestas a esos potenciales socios.
Con el segundo ardid, se buscaba conseguir dinero a través de personas que aspiraban a trabajar en la consultora, pero prestando servicio en la mina que está ubicada en la puna salteña. En este caso, les ofrecían salarios que rondaban entre los 3 y 4 millones de pesos, pero a cambio les pedían la suma de 500 mil pesos. Supuestamente, ese dinero era para pagar una “multa”. Los interesados confiaban en esta propuesta y se esforzaban en conseguir esos 500 mil pesos para luego entregarlos y así poder acceder a un puesto de trabajo.
Páez está sospechada de haber estafado por alrededor de 250 millones de pesos. No se descarta que esa cifra pueda ser aún mayor. No es la única involucrada. Su pareja, Carlos Báez, también está bajo la lupa de la Justicia. Ambos están alojados en la Alcaidía de Salta. La Fiscalía los imputó por el delito de estafa. Aunque esta situación puede cambiar puesto que, con el avance de la investigación, podrían endilgarles la comisión de otros delitos. La próxima semana tendrán una audiencia clave en la que se definirá si continuarán detenidos o si podrán recuperar la libertad.