lunes 21 de noviembre de 2022

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Cara y Cruz

"O es pa' todos la cobija..."

La reactivación de las tensiones en el oficialismo nacional debería inducir una mayor atención...

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La reactivación de las tensiones en el oficialismo nacional debería inducir una mayor atención de los legisladores del interior en la distribución de los subsidios a los servicios, sobre todo a la energía, en el Presupuesto 2023 que se debate en el Congreso.

El esquema diseñado para aplicar las tarifas con subsidios menguados entró en revisión y al parecer se diferirá, por dificultades en su aplicación –millones de usuarios no alcanzaron a anotarse para que continuar bajo la cobertura- y también por el impacto político que tendría en un humor popular cada vez menos dispuesto a tolerar penurias económicas adicionales. A este examen se superpone la disposición incorporada en el mismo Presupuesto que convierte a las provincias en “responsables solidarias” de las deudas que sus distribuidoras públicas o privadas tengan con la mayorista CAMMESA y habilita al Ministerio de Economía a retener los montos pertinentes de las partidas de la coparticipación federal para pagarlas.

La acechanza es la de siempre: el porcentaje que se subsidiará en el área metropolitana y sobre todo en el Conurbano, teniendo en cuenta que el kirchnerismo concentrará sus empeños en refugiarse en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ante un probable revés en las elecciones presidenciales. EDENOR y EDESUR, las dos distribuidoras que prestan servicios en el AMBA, tiene el 43,9% de la deuda con CAMMESA. Un 19,7% es de cooperativas y distribuidoras del interior de esa provincia, pero lo de EDENOR y EDESUR no se ve afectado por la amenaza sobre la coparticipación debido a que ambas firmas están bajo jurisdicción nacional y no de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Debe considerarse además la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que preside Malena Galmarini, esposa del ministro de Economía Sergio Massa.

Proyectos para que estas firmas pasen a la órbita de CABA y Buenos Aires no pudieron pasar el cernidor del Congreso ni siquiera en comisiones

Gran suerte la de Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. El consumo de sus votantes es bancado por todo el resto del país, ya que los subsidios son financiados por el Tesoro nacional.

“O es pa’ todos la cobija, o es pa’ todos el invierno”, diría don Arturo Jauretche. Si los subsidios van a mermarse, el criterio federal del que tanta alharaca se hace indicaría que el tarifazo tendría que caer en forma ecuánime. Sin embargo, ya se sabe el trecho que dista del dicho al hecho. No sería para nada extraño que los intereses electorales lo distorsionen, una vez más.

Evitarlo demanda una actitud de los diputados y senadores nacionales del interior alerta, para detectar cualquier maniobra tendiente a perjudicar a sus distritos en beneficio del área metropolitana, y comprometida, para apartarse llegado el caso de las instrucciones que pudieran bajar sus referentes y partidos nacionales y defender el poder adquisitivo de sus electores.

El monto global de los subsidios previstos para las tarifas es de entre 11.000 y 13.000 millones de pesos, una reducción del 15% respecto de lo de este año.

De por si el sistema de subsidios es fuertemente inequitativo. Los usuarios de AMBA pagan boletas de luz hasta siete veces más baratas que las de provincias como Catamarca.

¿Se revertirá esto o una vez más las provincias tendrán que solventar al centralismo?

Ojo al charque, porque Cristina Fernández atenuó su respaldo a Massa con la sugerencia de que controle a las empresas alimentarias, que a su criterio son responsables de la espiral inflacionaria.

El blindaje electoral que busca armarse en Buenos Aires podría exigir esfuerzos a los provincianos en el campo de los servicios, a cambio de promesas de obras e inversiones “a pillar” que se introducen a costo módico en las planillas.

Los agobiados bolsillos de los usuarios del interior pondrán la lupa en la conducta que tengan sus diputados y senadores nacionales en este asunto tan sensible.

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