La causa ANDIS estaría vinculada con la investigación sobre el control de UATRE y Osprera.
Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), enfrenta una nueva denuncia en la Justicia Federal de Córdoba por presuntas irregularidades en la gestión de pensiones por discapacidad. El abogado Pablo Olmos lo acusa de abuso de autoridad y violación de deberes como funcionario público, en un contexto ya marcado por un escándalo de supuestas coimas dentro de la agencia.
La acusación detalla que Spagnuolo habría orquestado un mecanismo para rechazar de forma sistemática las pensiones por discapacidad que estaban siendo revisadas, afectando especialmente a beneficiarios del interior del país. Además, se señala que ANDIS realizó modificaciones al sistema Baremo, utilizado para evaluar la invalidez laboral, en enero de 2025, solo para derogarlas en mayo del mismo año. Durante este breve período, Spagnuolo impulsó auditorías médicas sobre beneficios ya vigentes de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Sin embargo, estas auditorías se habrían realizado sin un marco legal válido y sin notificaciones fehacientes a los afectados. Esta omisión impidió a los beneficiarios defenderse, resultando en la suspensión masiva de pensiones. El abogado Olmos solicitó una medida cautelar para restablecer el pago normal de las pensiones y permitir una defensa adecuada a las personas vulnerables. La causa se suma a la investigación por "polémicas escuchas" que también lo vinculan, sugiriendo una trama más amplia de irregularidades.
En este caso, el juez federal Sebastián Casanello ordenó el allanamiento de la Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero, por maniobras que involucran al diputado Pablo Ansaloni y que ponen nuevamente en el centro de la sospecha a Karina Milei, Martín y Lule Menem.
La conexión clave entre ambas causas radica en la droguería de la familia Kovalivker, accionistas de Droguería Suizo Argentina, con la que Marcelo Petroni, interventor de Osprera, firmó transferencias millonarias por 7.700 millones de pesos. La Justicia ya desestimó una intervención solicitada por la Secretaría de Trabajo, pero la fiscalía investiga un posible acuerdo criminal entre varios funcionarios para desplazar a las autoridades del sindicato.n
