sábado 8 de febrero de 2025
Abusos sexuales eclesiásticos

"No voy a dar el brazo a torcer, no es justo, te arruinan la vida"

El primer denunciante del cura López Márquez espera que la Corte de Justicia confirme la elevación a juicio.

Gustavo pone una vez más la cara. Al igual que en aquel 2021 cuando habló ante los medios tras la denuncia realizada en Recreo contra el sacerdote Eduardo López Márquez. Ayer salió a la calle junto a Vanesa, su pareja, y junto a un grupo de militantes de izquierda llegaron hasta la Corte de Justicia para pedir que rechace el pedido de prescripción y sobreseimiento del cura.

El expediente que se tramitó en la Fiscalía de Recreo tuvo mucha actividad este año. En marzo, la fiscal Virginia Duarte Acosta imputó al sacerdote por tres hechos de abuso sexual y corrupción de menores agravada. Tres meses después la fiscalía cerraba la investigación y pedía la elevación a juicio de la causa. La defensa del sacerdote, a cargo de los abogados Marcos Gandini y Gustavo Martínez Azar, insistió en la prescripción por lo que el expediente llegó hasta la Cámara de Apelaciones, en donde no se hizo lugar al recurso y se confirmó la citación a juicio.

La defensa del religioso –como sucede en todas las causas por abuso sexual eclesiástico– agotó instancias, por lo que presentó un recurso de casación, el cual fue declarado admisible por Apelaciones. Ahora la cuestión se deberá dirimir en la Corte de Justicia.

“Esperamos que se expida a ver si abre la instancia de la defensa. Lo que solo espero es que salgan a favor de las víctimas, cada vez es más difícil, insostenible la situación”, manifestó Gustavo ante la prensa.

“Se van a cumplir dos años que hice la denuncia. Sabía que iba a ser así, me armo de paciencia para seguir en pie porque no les voy a dar con el gusto y no solo hablo por los abusos eclesiásticos, sino en general. No hay que dar el brazo a torcer porque no es justo, te arruinan la vida, te marcan para toda la vida”, expresó. Tras las declaraciones, Gustavo tomó el megáfono y agradeció a quienes lo acompañaron en la marcha.

Antes habló su abogado, Sebastián Ibáñez, quien sorprendió al manifestar que pedirán que la presidenta de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti, se inhiba. El fundamento esgrimido por Ibáñez es que la ministra mantiene una amistad con Martínez Azar –uno de los abogados de López Márquez– y que la hija de aquél, Florencia, ocupa el cargo de secretaria en la Corte.

“Estamos hablando de un caso muy delicado. La doctora debería inhibirse. Estamos hablando de un pederasta de una atrocidad indecible. Es inédito en Catamarca y si queremos que el fallo de la Corte sea transparente, porque la imparcialidad de los jueces es una garantía constitucional, la doctora debería inhibirse”.

Ibáñez fue más allá y además contó que cuando Rosales Andreotti era presidenta del Colegio de Abogados le “dio su apoyo” en la causa por abusos sexuales contra el cura Moisés Pachado, en ocasión que se debatía si estaban prescriptos o no los ultrajes.

“Tengo una relación de respeto y amistad”, dijo y agregó que “me apoyó moral e institucionalmente en contra de la prescripción de los abusos, también por esa postura que ella tuvo debería inhibirse, apartarse. Vamos a plantearlo cuando el expediente llegue formalmente a la Corte”.

López Márquez tiene dos denuncias por abuso sexual. Por la primera, radicada en diciembre de 2021 por hechos ocurridos en 2002 en La Paz cuando la víctima tenía 12 años, fue imputado por “abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por la situación de guarda y por ser cometido por ministro de un culto y corrupción de menores agravado por la edad de la víctima”, “abuso sexual con acceso carnal calificado por la situación de guarda y por ser cometido por ministro de un culto”, y “corrupción de menores agravado por la edad de la víctima”. La misma imputación continúa con “abuso sexual con acceso carnal calificado por la situación de guarda y por ser cometido por ministro de un culto” y "corrupción de menores”.

En marzo fue denunciado por otro hombre y la causa recayó en la Fiscalía N° 9, a cargo de Jonathan Felsztyna, quien pidió el archivo pero fue rechazado.

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