El actual presidente Javier Milei negó en reiteradas ocasiones la incidencia humana en el cambio climático que afecta al planeta, pese al cúmulo de evidencias científicas recolectadas en las últimas décadas. Congruente con esa visión ha degradado el Ministerio del Ambiente, que funcionó hasta el pasado domingo. Se estimaba, en los días previos a la asunción, que se iba a convertir en una Secretaría. Pero la depreciación es aún mayor que la pronosticada: tendrá apenas el rango de subsecretaría. Estará bajo la órbita de la Secretaría de Turismo, Deportes y Ambiente, a cargo de la catamarqueña Yanina Martínez y del Ministerio del Interior, que conduce Guillermo Francos.
No por convicción sino por presión internacional, Milei decidió enviar como representante de su gobierno para participar del último tramo de la COP28 la conferencia de la ONU sobre cambio climático-, que finalizó ayer en Dubái, a Marcia Levaggi, exencargada de Asuntos Ambientales de Cancillería durante el gobierno de Mauricio Macri. Se anunció, además, que Argentina no abandonará el Acuerdo de París y que cumplirá con las obligaciones climáticas asumidas anteriormente.
No comprometerse a continuar con esos compromisos hubiese sido, además de un papelón, un retroceso notable del país en un tema muy sensible a nivel internacional. De todos modos, la escasa vocación del nuevo gobierno por desarrollar políticas ambientalmente sustentables genera mucha incertidumbre ante los enormes desafíos que se presentan en la materia.
Argentina tiene numerosos problemas ambientales que deben abordarse con premura y eficacia. Resulta muy difícil establecer prioridades respecto de cuáles de todos ellos son los más graves. La contaminación, producida por la mala gestión de residuos, exige la implementación de acciones coordinadas en un plan sistemático. Las cifras oficiales sostienen que el 64,7% de la basura generada en el territorio nacional va a parar a rellenos sanitarios. Hay aproximadamente 5.000 basurales a cielo abierto que contaminan suelo, agua y aire. Precisamente la contaminación del aire provoca, según la Organización Mundial de la Salud, casi 10.000 muertes al año en el país. No hay estadísticas precisas de cuántos decesos provoca la contaminación del agua, pero también pueden contarse de a miles.
También hay que agregar como problemas ambientales graves la deforestación y la desertificación, producidas básicamente por la mala gestión de las tierras dedicadas a la agricultura; la aplicación indiscriminadas y con escasos controles de plaguicidas y agroquímicos, que afecta tanto a las personas como a la fauna autóctona, las especies vegetales y animales amenazadas y los incendios forestales, entre muchos otros.
La envergadura de estos desafíos amerita un Estado que no niegue lo evidente, que sea activo y presente y que se haga cargo de los problemas e implemente las políticas necesarias para solucionarlos.
