Por la cantidad de elementos que conjuga su peripecia, Elpidio Guaraz se destaca como síntesis de lo más execrable de la actividad política.
Por la cantidad de elementos que conjuga su peripecia, Elpidio Guaraz se destaca como síntesis de lo más execrable de la actividad política.
Comienza a ser juzgado hoy por abuso sexual, privación ilegítima de la libertad y fraude en perjuicio de la administración pública. La lista de transgresiones no agota una casuística personal particularmente nutrida y variopinta, pero la virtud paradigmática del personaje no se configura por la fertilidad de un prontuario difícil de empardar, sino por vicios que impregnan todo el sistema institucional. Tales miserias se resumen en la sensibilidad que demuestra tener el aparato judicial a la protección que proporciona el poder a sus instrumentos mientras le son útiles, directamente proporcional a la celeridad con que actúa en cuanto el blindaje cesa.
El reo se desempeñó como intendente de Santa Rosa durante 16 años y perdió el cargo el año pasado, cuando intentaba acceder a un quinto mandato.
El único cortocircuito de importancia registrado con el oficialismo en ese extenso período fue la polémica que mantuvo en 2018 con el entonces ministro de Gobierno de Lucía Corpacci, Gustavo Saadi, actual intendente de la Capital, a propósito de unos fondos malversados que el Tribunal de Cuentas le había ordenado devolver.
La plata se había asignado a Santa Rosa para paliar los efectos de unas inundaciones ocurridas en 2014. Guaraz argumentó que la documentación que respaldaba los gastos se había perdido o dañado debido al fenómeno climático y denunció una campaña en su contra instigada por Saadi.
El ministro respondió que Guaraz encarnaba “las prácticas políticas más deleznables” y puso en duda que reuniera “las condiciones de equilibrio mental elementales para administrar un municipio”.
“No es la primera vez que este intendente cae en dislates de esta naturaleza, ni tampoco la primera vez que se niega a cumplir con las leyes. No sólo se rebela contra el Tribunal de Cuentas, sino también contra la propia Justicia. Ha incurrido en usurpaciones, ha cobrado peajes en rutas nacionales, ha hecho piquetes, quiso ser intendente de Bañado de Ovanta y de Los Altos en forma simultánea, clausuró el Concejo Deliberante de Bañando de Ovanta… En fin: estamos indudablemente ante un caso patológico, frente a una persona enferma”, diagnosticó y remachó con una ironía histórica: “Esa excusa de que los expedientes desaparecieron por el efecto de las lluvias o los incendios creo que la utilizó el Virrey de Sobremonte cuando se fugó con los fondos públicos en las Invasiones Inglesas. No se la cree nadie”.
Difusión más discreta tuvo el sopapo que le dio un subsecretario de Asuntos Municipales, que lo acomodó como mesa renga durante una reunión en la que quiso hacerse el gallo.
Estos enfrentamientos carecieron de consecuencias políticas. Guaraz continuó gozando de favores gubernamentales no exentos de elogios.
Se desconoce si hubo gestiones para salvarlo del brazo judicial, pero en cualquier caso la Justicia entendió el mensaje y recién comenzó a sacudirse las itas cuando una joven lo denunció por abuso sexual y la presión social hizo demasiado ostensibles las contemplaciones. La derrota de noviembre privó al sujeto de todo amparo y ahí sí: ni un año pasó y ya está en el banquillo de los acusados.
Sus méritos hizo, pero no sería justo omitir el cobijo que le dieron durante más de tres lustros.
En noviembre de 2022, el oficialismo tan ligero para subrayar violencias ajenas se negó a condenar los ultrajes del compañero en la Cámara de Diputados. En febrero de 2023, la Rama Femenina del PJ legitimó la apertura de una Casa de la Mujer en la Municipalidad de Bañado de Ovanta, operada por un Guaraz convertido al feminismo por las complicaciones penales. Y fue candidato a intendente sin que nadie en el peronismo lo cuestionara.
16 años de abusos y fraudes protegido por el politburó peronista, a resguardo de la Justicia.
No hay Elpidios sin cómplices.n