Suele utilizarse con demasiada frecuencia la expresión “gasto social” para referirse a los recursos presupuestarios que se utilizan para ayuda social, es decir, para contener a los sectores más vulnerables de la sociedad. Si el uso de esos recursos no son dilapidados como dádivas con propósitos ligados al clientelismo político sino orientados a la promoción y desarrollo social y de la salud de esos sectores, convendría hablar más de inversión social que de gasto. Son dos perspectivas disímiles para analizar la relación del Estado con los grupos sociales empobrecidos. Y la diferencia no es menor, sino de fondo.
Un estudio recientemente elaborado y publicado por UNICEF arroja más claridad sobre el tema. El informe, que recaba datos de 51 países, incluidos 5 de América Latina y el Caribe, revela que invertir en la salud de los niños más pobres y las comunidades más necesitadas genera un mayor impacto económico y reduce las desigualdades.
Anthony Lake, director ejecutivo de UNICEF, reflexiona acerca de los resultados obtenidos: “La evidencia demuestra que invertir en los niños más vulnerables no es sólo lo correcto, sino también lo más rentable en cuanto a la relación de costo-beneficio. Esta noticia es crítica para los gobiernos que trabajan con bajo presupuesto para evitar las muertes infantiles. Si invertimos en estos niños/ñas, también estamos invirtiendo en romper el ciclo de la pobreza, porque un menor sano tiene más oportunidades de aprender más y ganar un mejor salario”.
María Cristina Perceval, directora Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, señala por su parte que “las inequidades en salud siguen siendo generalizadas en la región y las mujeres, los bebés, los niños y las niñas más pobres, los menos educados, y los pertenecientes a minorías étnicas siguen siendo los más vulnerables”.
El informe se denomina “Reducir las diferencias: el poder de invertir en los niños más pobres”, y constituye un llamamiento a los gobiernos para que adopten medidas concretas dirigidas a reducir la desigualdad, invertir para prevenir o tratar las enfermedades infantiles y fortalecer los sistemas de salud para que sean capaces de proveer servicios de calidad.
El razonamiento es central a la hora de decidir la utilización del presupuesto público en épocas de crisis, que es cuando aumenta la población destinataria de la ayuda social. El recorte de las partidas destinadas a los programas de promoción social suele ser una medida propiciada en contextos de ajuste. Pero tales políticas no solo son moralmente repudiables, sino también contraproducentes desde los propios enfoques economicistas. Romper el ciclo de la pobreza es un imperativo ético al que ningún gobierno debería renunciar, pero además es una apuesta a mediano y largo plazo para la construcción de una sociedad más justa, que es además una sociedad más sustentable y con capacidad de desarrollo.
