Sponsor polémico. el equipo de fútbol del colegio de abogados fue auspiciado por Edgar Bacchiani.
16 de diciembre de 2022 - 01:05
En el papelón que envuelve a la Justicia, la designación de dos fiscales para que ayuden al fiscal Laureano Palacios a esclarecer el asesinato del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, es un indicio esperanzador. Tenue, es cierto, pero indicio al fin: algunos vestigios de vergüenza que subsisten en la familia judicial hicieron emerger la conciencia de que el inexperto Palacios necesitaba de las rueditas para terminar de aprender a andar solo en bicicleta, sobre todo después del porrazo que se había pegado con las autopsias.
Que la colaboración de Hugo Costilla y Alejandro Gober, las rueditas, fuera insuficiente para evitar la detención nula de Silvina Nieva, única sospechosa del crimen, no debería ser tal vez interpretado como una falla, sino como un paso más en el accidentando aprendizaje colectivo. Quizás también ellos requieran rueditas. El asunto es hasta dónde y hasta cuándo.
El caso Rojas se inserta en el proceso de desprestigio de un Poder Judicial que ha visto caer nada menos que seis de sus fiscales por motivos oprobiosos desde 2017: Roberto Mazzuco, Marcelo González, Raúl Da Prá, Juan Pablo Morales, Jorge Alberto Flores y Ezequiel Walther.
Mazzuco fue destituido por un jury en junio de 2017 por recibir coimas.
González renunció como fiscal de Santa María en mayo de 2018, antes de que lo condenaran en el jury que se le había iniciado por irregularidades cometidas en una causa por un accidente de tránsito del que era responsable.
Da Prá y Morales renunciaron a la Cámara de Apelaciones en agosto de 2020, horas después de que se dispusiera un jury contra ambos, debido a una denuncia anónima que había llegado a la Corte de Justicia acompañada de un video en el que aparecían recibiendo, supuestamente, un soborno a cambio de mejorar la situación procesal de un encartado.
Flores fue exhonerado como fiscal de Belén en mayo de 2021 tras otro juicio político, por facilitar el tránsito de camiones de la empresa de su esposa, proveedora de empresas mineras, mientras regían las restricciones por la pandemia.
Walther renunció este año para no enfrentar el jury que se le había abierto luego de que lo denunciaran por hurtar una caja de herramientas.
En torno a los episodios de Mazzuco y la dupla Da Prá-Morales emergieron lacerantes lacras de la interna judicial y la competencia entre bufetes, con códigos más propios de malandras que de juristas.
La sensación de indefensión social se afianzó todavía más con el desplome de las criptofinancieras, que esquilmaron a miles de catamarqueños a la luz pública durante más de un año.
La Justicia provincial no solo no movió un dedo, sino que fue contaminada por los estafadores: Edgar Adhemar Bacchiani sponsoreó al equipo de fútbol del Colegio de Abogados en un campeonato nacional que se disputó en San Juan el año pasado.
Varios funcionarios del Poder Judicial, fiscales entre ellos, lucen en fotografías y videos las casacas de “Adhemar Capital”. Los letrados locales salieron campeones capitaneados por el secretario del juez Federal Miguel Contreras, Luis Baracat, que hizo de arquero y recibió la copa de manos del propio “trader”.
La Dirección de Sumarios de la Corte de Justicia abrió una investigación de la que no se tienen noticias.
Todo esto, mientras el Poder Judicial se transformaba en el destino ideal para los abogados con acceso a dedos poderosos y reducto de “puntos índice” de privilegio, por lo suculento de los sueldos y la perpetuidad garantizada, con un elemento adicional: la distorsión de la carrera judicial y el crecimiento del encono entre los postergados para beneficiar paracaidistas.
Si se tienen en cuenta estos elementos, lo del Caso Rojas no debería sorprender a nadie. Es consecuencia lógica de haber naturalizado la degradación del sistema judicial.
