El diputado provincial Francisco Monti (LLA) cuestionó públicamente el accionar de la Justicia tras un hecho de inseguridad ocurrido en la Capital y apuntó contra lo que definió como un exceso de “garantismo”. A través de sus redes sociales, el legislador expuso el caso de una persona acusada de robar en un comercio céntrico a principios de febrero, quien habría sido identificada mediante registros fílmicos.
Según sostuvo, pese a la evidencia, el juez de garantías interviniente no dictó la prisión preventiva y permitió que el sospechoso continúe el proceso en libertad. En ese sentido, Monti planteó que la decisión judicial habría facilitado que el mismo individuo reincidiera en conductas delictivas semanas después, tras una nueva detención informada por la Policía.
El diputado utilizó el caso para expresar una crítica más amplia al funcionamiento del sistema judicial, al considerar que existe una aplicación excesiva de criterios garantistas que, a su entender, terminan afectando a los ciudadanos. En esa línea, cuestionó si la Justicia volverá a disponer la liberación del acusado y planteó hasta cuándo la sociedad “pagará el precio” de este tipo de decisiones.
La postura se enmarca en un debate recurrente de la oposición, sobre el uso de la prisión preventiva, una medida excepcional en el sistema penal argentino que solo debe aplicarse bajo determinados riesgos procesales, como la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación.
