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SUSCRIBITELa absolución y reincorporación al foro penal del fiscal Laureano Palacios perfeccionó un proceso de erosión al prestigio del sistema judicial de larguísima data, acelerado por la accidentada deriva del asesinato del ministro Juan Carlos Rojas, cuyos componentes el Jury condensó en tres jornadas.
Palacios es, como se consignó en varias oportunidades, un intruso en la familia judicial, impuesto por la política. No obstante, conviene recordar que la familia judicial intentó protegerlo hasta que las evidencias de su por lo menos inconsistente actuación en el inicio del expediente Rojas hizo que esta intención se volviera impracticable sin renunciar a cualquier vestigio de vergüenza y amor propio.
Persistir en salvaguardarle el pellejo a Palacios era, para la Justicia, suicida. Por eso se allanó al Jury y asumió el riesgo de que sus deficiencias quedaran expuestas. Programó el proceso con tiempos perentorios para evitar que se desmadrara y la onda expansiva del proceder del funcionario se extendiera aún más.
Esto no fue suficiente para evitar que emergieran las fallas del sistema cuando los testimonios de los peritos del Cuerpo Interdisciplinario Forense mostraron desencuentros y contradicciones incompatibles con cualquier eficacia.
La primera autopsia al cadáver de Rojas fue realizada por la médica Daniela Miranda Zar, quien excluyó del examen a su superior, el director del CIF, Sebastián Vega, pese a que éste le había ordenado expresamente que le avisara para participar. Aunque las conclusiones este primer estudio no le permitían establecer si tenía entre manos una muerte por causas naturales, un accidente o un crimen, Palacios autorizó entregar el cuerpo del occiso para las exequias y empezó una ronda de consultas informales para tratar de orientarse.
Para entonces, ya la escena del crimen había sido lavada con autorización de la Policía y estaba sin custodia.
El nivel de improvisación e irresponsabilidad que pudo constatarse fue notable, pero debe reconocerse que los miembros del CIF y de la Policía Judicial, que pertenecen a la Justicia, fueron sometidos a interrogatorio en el Jury.
No ocurrió lo mismo con los integrantes de la Policía, que no integran la corporación judicial, cuyas declaraciones se incorporaron por escrito y fueron eximidos de interrogatorios. De tal modo, no fue posible preguntarles, por ejemplo, quién autorizó que se lavara la escena del crimen, o tratar de verificar quién había sugerido que la muerte era por causas naturales. Grandes misterios que permanecen en la nebulosa.
En consonancia con la acusación y el alegato del fiscal Miguel Mauvecín, la presidenta de la Corte, Fernanda Rosales Andreotti, votó junto a la diputada opositora Juana Fernández por la destitución de Palacios.
La mayoría de cuatro que salvó al fiscal fue conformada por la diputada Cecilia Guerrero y el senador Oscar Vera, los dos legisladores del oficialismo y, los representantes del Colegio Abogados, Silvia Cabrera y Pablo Nicolini, cuyas filiaciones se exploraban ayer casi con desesperación para intentar encontrar el sentido a una sentencia desconcertante y sumamente perniciosa desde el punto de vista institucional.
Los fundamentos de los respectivos votos se conocerán el 16 de junio, pero no es indispensable conocerlos para advertir que fueron los representantes de la política oficialista los que protegieron a Palacios, abogado carente de trayectoria judicial cuyo ingreso a la Justicia por la cúspide obedeció, precisamente, a vínculos políticos y afectivos que suplantaron al concurso. Si no es un blindaje, se le asemeja demasiado y, en cualquier caso, sacrifica en aras de Palacios y sus padrinos la credibilidad de la Justicia.
Es curioso, porque el Jury es un proceso de naturaleza política, que no persigue probar delitos sino preservar la integridad del prestigio institucional ante la sociedad, destituyendo eventualmente a quienes lo vulneran.
Rarezas del proceso a Palacios. Fue la corporación judicial la que se atuvo a este principio, mientras la corporación política apela a argumentos legalistas que en otros casos, cuando los involucrados no son “tropa propia”, desecha.
