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Editorial

Medida acertada si se evita el fraude

Desde ayer los usuarios que estén en condiciones de solicitar se les subsidie...

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16 de julio de 2022 - 00:10

Desde ayer los usuarios que estén en condiciones de solicitar se les subsidie una parte de su consumo de energía eléctrica o gas deben inscribirse en un registro, habilitado por el Gobierno nacional, siempre y cuando reúna los requisitos contemplados en la reglamentación de la denominada segmentación de tarifas.

Aunque puedan ser objetos de discusión los requisitos señalados, que intentan agrupar a los usuarios en tres segmentos según los bienes o ingresos que posean a nivel familiar, el propósito es acertado: que paguen la boleta completa los usuarios de mayor poder adquisitivo, que los de ingresos medios gocen del subsidio de una parte del consumo y que los sectores de menores ingresos sigan gozando de un porcentaje mayor de subsidio o de la tarifa social. Se calcula que el 90 por ciento de los usuarios seguirá recibiendo subsidio, pues solo un 10 por ciento integra el grupo selecto que percibe ingresos mayores a los 348.869 pesos, o cuenta con 3 o más inmuebles, o tiene 3 o más vehículos o una aeronave o embarcación de lujo.

La generalización del subsidio sin contemplar las diferencias de ingresos no solo es injusta sino que además tiene un costo fiscal muy alto para el Estado nacional, que ahora, con la segmentación, se verá reducido. Según los cálculos hechos por las autoridades nacionales, este año el ahorro será de aproximadamente 15 mil millones de pesos y de 80 mil millones de pesos durante el año que viene.

Hasta 2016 el Estado utilizó una política de subsidios que, además de generalizada, causaba un déficit importante en el erario público. Tanto la energía eléctrica como el gas serán muy baratos, lo cual era muy bueno para los sectores de menores ingresos, pero también los de ingresos medios y altos pagaban los servicios con porcentajes subsidiados muy elevados. A partir de 2016, con el cambio de gobierno, los subsidios disminuyeron bruscamente, causando un incremento exorbitante que provocó un impacto muy negativo para los bolsillos de los sectores medios. Los altos tenían los recursos para afrontar los incrementos y los más bajos seguían gozando, aunque en menor medida, de la tarifa social. Entre 2016 y 2019 la tarifa de luz subió aproximadamente un 5.000 por ciento, mientras que la de gas un 1.900 por ciento.

Es decir, ni la política de subsidios para todos, ni la política de retirar subsidios de golpe han sido las correctas. En el primer caso provoca una grave afectación de las cuentas públicas. En el segundo, en los bolsillos de vastos sectores de clase media.

La decisión de segmentar las tarifas aparece, en principio, como una medida acertada. Pero habrá que ver que la implementación sea eficiente para que los ahorros previstos se hagan efectivos. Para ello deberán extremarse los controles, pues si bien los pedidos de subsidios son declaraciones juradas, será imprescindible extremar los controles para evitar abusos de usuarios que tienen ingresos suficientes para pagar la boleta completa y sin embargo intentarán acceder a subsidios de manera fraudulenta.

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