El informe también revela que las juventudes mantienen una visión compleja sobre la actividad minera: mientras el 58,3% la considera estratégica para el desarrollo provincial, el 62,9% advierte sobre sus riesgos ambientales significativos. Solo el 23,6% cree que los acuerdos entre el Estado y las empresas mineras se establecen con transparencia.
Según el documento, "las percepciones sobre la actividad minera no se expresan de manera uniforme, sino que evidencian posturas diversas y, en algunos casos, ambivalentes". Uno de los aspectos más destacados del informe es la centralidad del rol estatal en las opiniones juveniles. El documento señala que los jóvenes enfatizan la necesidad de "mayor regulación, control ambiental y supervisión por parte del Estado".
Así también, se menciona que la actividad minera es evaluada en función de su capacidad para generar beneficios concretos para la comunidad y de la implementación de mecanismos efectivos de control. "El reclamo por un Estado presente aparece como un eje transversal en las percepciones juveniles sobre la minería", sostiene el informe. El estudio concluye que la minería no es percibida de manera automática ni como una actividad positiva ni negativa, sino que su legitimidad "se encuentra condicionada al cumplimiento de estándares ambientales, sociales y de gobernanza".
