Miles de personas se movilizaron en todo el país por la Ley de Financiamiento Universitario.
La tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario volvió a quedar expuesta con la realización de la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Miles de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y rectores se movilizaron en distintos puntos del país para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el ajuste aplicado sobre las universidades públicas.
La concentración principal tuvo lugar en Plaza de Mayo, donde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales encabezaron el acto central.
El eje principal del reclamo estuvo centrado en el financiamiento del sistema universitario y en la caída de los salarios docentes y nodocentes. Desde el sector universitario sostienen que las transferencias nacionales a las universidades cayeron un 45,6% desde 2023 hasta la actualidad, situación que afecta el funcionamiento de las casas de altos estudios, el sostenimiento de becas, la investigación y los programas científicos.
El conflicto se profundizó luego de que el Gobierno ratificara que no aplicará la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y judicializada actualmente ante la Corte Suprema de Justicia. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificaron la protesta como “completamente política” y aseguraron que “la única ley que vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”.
Según el Ejecutivo nacional, la normativa impulsada por las universidades carece de financiamiento específico y compromete el equilibrio fiscal. En cambio, desde el sistema universitario sostienen que la ley fue ratificada por el Congreso y validada en dos instancias judiciales, por lo que reclaman su inmediata aplicación.
En medio de la discusión, el Gobierno también defendió la política de ajuste implementada sobre distintas áreas del Estado, incluida la educación superior. En los últimos días se conocieron informes que detallan reducciones presupuestarias en infraestructura universitaria y programas educativos, en línea con la política general de recorte del gasto público.
A la vez, Capital Humano anunció que creará una comisión para redefinir el reparto de fondos destinados a hospitales universitarios. La discusión se centra especialmente en los recursos que actualmente recibe la UBA, de la que dependen el Hospital de Clínicas, el Roffo y el Lanari.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es transparentar la distribución de fondos y generar nuevos criterios de asignación. Pettovello afirmó que el Gobierno publicará próximamente información vinculada a presupuestos universitarios, cantidad de alumnos y costos por estudiante.
Por su parte, los rectores nucleados en el CIN advirtieron que el ajuste pone en riesgo el funcionamiento de las universidades nacionales y remarcaron que el conflicto excede la discusión salarial. El presidente del organismo, Franco Bartolacci, sostuvo que el sistema universitario representa una herramienta de movilidad social y desarrollo científico que “no admite restricciones”.
En el documento leído durante el acto central, los organizadores exigieron que el Gobierno cumpla la ley de financiamiento y respeten los fallos judiciales que ordenaron garantizar la actualización de salarios y becas. Además, cuestionaron la paralización de partidas destinadas a ciencia, investigación e infraestructura.
La movilización contó con el acompañamiento de sectores políticos opositores, sindicatos y gobernadores provinciales. Entre ellos estuvieron el mandatario bonaerense Axel Kicillof y el gobernador cordobés Martín Llaryora, quienes respaldaron públicamente el reclamo universitario y cuestionaron el ajuste nacional sobre educación, ciencia y tecnología.
Mientras tanto, la definición final sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional.
Marcharon Kicillof, Llaryora y Zilioto junto a legisladores, gremios y miles de estudiantes en todo el país. La FUA, el CIN y el Frente Sindical convocaron la jornada.