El abogado sostuvo que la operación presenta inconsistencias y puso en duda la urgencia para adquirir la propiedad.
El abogado Mariano Manzi profundizó sus cuestionamientos contra el intendente de Pomán, Francisco Gordillo, y aseguró que la compra del inmueble conocido como Casa Santa Rita presenta una serie de irregularidades que justifican la investigación judicial iniciada a partir de una denuncia impulsada por el Concejo Deliberante.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en Tiempo Real del Ancasti Streaming, pocos días después de que el presidente del Concejo Deliberante, Walter Centeno, formalizara una denuncia penal contra el jefe comunal y otros funcionarios municipales por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y falsificación de documento público.
El caso también volvió a colocar en el centro de la escena al abogado Mariano Manzi, referente de extracción de CC-ARI e hijo del exdiputado nacional Rubén Manzi, quien durante la gestión de Mauricio Macri estuvo al frente de la entonces Gerencia de Empleo de la Nación en Catamarca y ahora asumió el patrocinio de la presentación impulsada por los concejales pomanistos.
Según explicó, el origen del conflicto se remonta al 31 de diciembre de 2024, cuando el Ejecutivo municipal emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia para avanzar con la adquisición de un inmueble sin la intervención previa del Concejo Deliberante. La existencia de esa decisión administrativa recién salió a la luz más de un año después, cuando los ediles comenzaron a requerir información sobre la operación.
"El Consejo toma conocimiento y aparece este decreto con un argumento inédito: que el propietario vivía en París, Francia, no podía cuidar la casa y necesitaba venderla de manera urgente", sostuvo Manzi.
El abogado remarcó que esa explicación fue uno de los elementos que motivó la denuncia presentada ante la Justicia. A su entender, la propia documentación incorporada al expediente contradice el fundamento de urgencia utilizado por el municipio para justificar la compra.
"El fundamento principal es que el hombre necesitaba que se la compraran ya porque se tenía que ir. Lo cierto es que le pagaron un año y medio después, desbaratando totalmente ese argumento de urgencia", afirmó.
Otro de los puntos centrales planteados por Manzi está relacionado con la forma en que se concretó la operación. Según indicó, el contrato firmado en abril de 2025 establecía un valor de 40 mil dólares y preveía un esquema de pago en cuotas. Sin embargo, la documentación posterior incorporada al expediente reflejaría una cancelación por 59,2 millones de pesos en efectivo realizada en marzo de 2026.
"Los concejales quieren saber cómo compró los dólares el municipio, qué cotización utilizó y cuál fue finalmente el costo real del inmueble", explicó. De acuerdo con su relato, el contrato original consignaba incluso una cuenta bancaria radicada en Francia a nombre del propietario. Sin embargo, el pago finalmente se habría realizado de manera presencial en Pomán y en moneda local. "En el primer contrato el dueño declara una cuenta en un banco francés, pero termina cobrando billetes en pesos presencialmente en Pomán", señaló.
Para Manzi, la ausencia de documentación bancaria verificable constituye uno de los aspectos más delicados de toda la operación.
"No hay un depósito, no hay una transferencia, no existe rastro, salvo un recibo manual donde el vendedor dice haber recibido más de 59 millones de pesos en efectivo", aseguró. Y agregó: "Toda la operación se tiñe de sospechas al no haber una transferencia o un comprobante de depósito bancario".
El abogado también cuestionó la explicación brindada posteriormente por el municipio respecto del destino que tendría el inmueble. Según indicó, el Ejecutivo sostuvo que la propiedad sería utilizada por una organización vinculada a actividades culturales y de memoria histórica.
Finalmente, recordó que además de la denuncia penal se impulsan actuaciones ante el Tribunal de Cuentas y señaló que será la Justicia la encargada de determinar si existieron responsabilidades penales. No obstante, advirtió que el conflicto podría tener derivaciones políticas e institucionales.