La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es una de las normas más debatidas en la historia de la legislación argentina. En las últimas décadas solo fue objeto de discusiones tan álgidas y extensas la denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, o la convalidación legislativa de la Resolución 125 sobre retenciones del Ministerio de Economía de la Nación. Esta última fue rechazada en 2008 con el histórico voto no positivo del entonces presidente del Senado y vicepresidente de la Nación Julio Cobos, pero las otras dos leyes recibieron la aprobación de las dos cámaras del Congreso de la Nación.
La Ley de Medios nunca pudo aplicarse por la intervención de la Justicia que, haciendo lugar a una serie de planteos, paralizó su vigencia en los puntos clave del proyecto, hasta que fue finalmente demolida por un decreto de necesidad y urgencia del gobierno de Mauricio Macri convalidado legislativamente.
La misma estrategia de paralización de sus efectos a través de presentaciones judiciales amenaza a la Ley IVE, a poco más de dos años de su sanción por el Congreso de la Nación. Desde diciembre de 2020 hasta la actualidad se han realizado 36 presentaciones –amparos, acciones de inconstitucionalidad, medidas cautelares- en el intento de grupos que no aceptaron la más básica regla del juego de la democracia, de impedir la vigencia del contenido de la norma.
Si bien la mayoría de esas presentaciones han sido rechazadas, la ley no se cumple aún con fluidez. Y la resistencia de los grupos conservadores dentro mismo del Poder Judicial ha dado lugar a situaciones verdaderamente insólitas, como por ejemplo la detención de cinco mujeres integrantes de una agrupación de socorristas, que se encargan de asesorar y acompañar a las mujeres que deciden libremente interrumpir su embarazo. Se las acusó de ejercicio ilegal de la medicina. Finalmente fueron liberadas y el destino inevitable de la causa es la absolución de las imputadas.
Hay casos aún más graves, como el de la médica Miranda Ruiz, que estuvo detenida luego de haber realizado una interrupción legal del embarazo en el Hospital de Tartagal, provincia de Salta, en agosto del año pasado. Estuvo pocas horas arrestada, pero su absolución se demoró más de un año. En ambos casos los funcionarios del Poder Judicial actuaron como si la ley no existiese.
Complejo es dilucidar si estas medidas judiciales obedecen a una mala fe que resulta de una oposición acérrima al contenido de la ley, o de ignorancia respecto de los procedimientos legales establecidos en la norma. Sea por un motivo o por otro, se trata de hechos que revisten una gravedad inusitada. Finalmente, los fallos judiciales parecen enderezarse, pero no se conocen sanciones para los funcionarios que privan temporalmente de la libertad a personas desconociendo el contenido de una ley sancionada por el Congreso de la Nación.
