Los rastros omitidos del cripto-botín

Caso cerrado, silencio de la Corte

El fiscal Hugo Costilla consiguió la anuencia del juez de Garantías, Rodolfo Maidana para clausurar cualquier indagación sobre lo que podría tener en su poder Rolón Reynoso para responder a los acreedores de “RT Inversiones”.

El juez homologó la extinción de la acción penal por robo a mano armada contra los cuatro sujetos involucrados en la violenta entradera. Uno de ellos, Diego Arroyo, tiene un frondoso prontuario y fue condenado el año pasado por narcotráfico. El otro, Camilo Carrizo, es hermano de Enzo Carrizo, intendente de Saujil, y primo hermano de la ministra de Seguridad, Fabiola Segura.

Un delincuente seis veces reincidente y un hombre conectado con el poder político eximidos de sus responsabilidades penales a cambio de indemnizar a uno de los reos de las megaestafas.

Arroyo había dicho que Rolón Reynoso le debía “mucha plata”. Hay indicios de que parte de la pandilla estaba en trámites de cobrarle al cómplice de los Bulacio y las operaciones se complicaron. Solo indicios, que ya no podrán escalar a la categoría de pruebas.

Por si lo anterior fuera poco, llama la atención la audacia del golpe: Rolón Reynoso cumple prisión domiciliaria.

Pese a esta convergencia entre un condenado por narcotráfico, el pariente de caracterizados políticos y funcionarios y un beneficiario de las criptoestafas, Costilla y Maidana eligieron el caso para sentar jurisprudencia sobre la impunidad tarifada, en el expeditivo plazo de tres meses y sin que se haya identificado a un supuesto quinto miembro de la banda de asaltantes. Quizás comprobaron que el socio de los Bulacio fue blanco de una incursión casual de vulgares descuidistas que sólo querían afanar una garrafa.

La Corte de Justicia de Catamarca no consideró oportuno todavía expedirse sobre esta singular doctrina jurídica.

La conexión Wika

Costilla cerró el caso Parque América, pero fracasó en su intento de archivar la causa “Wika” porque los criterios del juez de Garantías Marcelo Sago no resultaron tan flexibles como los de Maidana.

Las severas críticas que Sago descargó sobre la conducta del fiscal tampoco ameritaron reflexiones de la Corte o la Procuración.

El 24 de octubre pasado, el juez consideró que el archivo del expediente Wika era “por lo menos apresurado en orden a la entidad de los delitos denunciados y la prueba obrante”.

La causa se originó en 2022 por una denuncia del empresario Cristian Guillou por la posesión del complejo. A lo largo de su instrucción, se acumularon numerosos indicios de una estructura tendiente a desapoderar a Bacchiani de su patrimonio conformada por su expareja, Zaraive Celeste Garces Rusa; su exabogado, Lucas Retamozo; su excontador, Iván Segovia, y la escribana Joaquina Córdoba Gandini.

Esta organización habría transferido valiosas propiedades inmobiliarias de Bacchiani a terceros, entre ellos el suegro de Retamozo y la madre de Segovia, a pesar de que el “trader” estaba inhibido para disponer de su patrimonio. Las transferencias se habrían operado con certificaciones fraudulentas confeccionadas por la escribana Gandini, cuya escribanía fue allanada por la Justicia Federal y auditada por el Colegio de Escribanos.

“Este aparente entramado de personas involucradas y vinculadas entre sí amerita una investigación más profunda por parte del Ministerio Público Fiscal, y no limitarse a que todo forma parte del despliegue de una acción vengativa del denunciante en contra de Bacchiani, porque, aun cuando así lo fuera, el deber del fiscal es investigar de manera seria y objetiva la sospecha fundada sobre la existencia de hechos subsumibles en una figura penal y establecer los presuntos responsables de los mismos”, advirtió Sago.

La cripto-mejicaneada

Todos los elementos omitidos por Costilla son consistentes con los ofrecidos en una de sus indagatorias por el propio Bacchiani, quien agregó otro personaje al presunto complot para mejicanearlo.

En septiembre del año pasado, ante el juez Federal Miguel Ángel Contreras, el “trader” ofreció más de 30 propiedades para resarcir a los inversores defraudados en “Adhemar Capital” y la supuesta clave para acceder a ellas: Carlos Correa, abogado que fue su asesor legal y, según dijo, se complotó con Retamozo, la escribana Córdoba Gandini y Garcés Rusa para despojarlo.

“El doctor Correa –relató Bacchiani- me dijo que tenían un pozo de inversión que rondaban los 800.000 dólares, de gente muy pesada”.

“Te voy a dar un consejo. Yo sé que estás vendiendo propiedades para liquidez, así que te sugiero que nos des los papeles. Yo los voy a poner a nombre de personas que son intocables de aquí de Catamarca y, si en algún momento necesitamos liquidez, me voy a hacer cargo de liquidar esas propiedades y ponerlas a disposición tuya. Pero mientras tanto, van a estar en mi poder y no a disposición tuya. Caso contrario, te voy a hacer mierda”, le habría dicho Correa en febrero de 2022.

El abogado, único miembro del equipo de Bacchiani que permanece fuera del radar judicial, tiene importantes vínculos en la política y la Justicia.

Zaraive Garcés Rusa lo incluyó en las maniobras de despojo a Bacchiani y a ella misma en una denuncia que radicó en julio en la Unidad Judicial Nº 5. Allí relató el mismo episodio que su exesposo.

“Correa empezó a decirme ‘vos tenés que firmar estos documentos porque si no te van a meter presa, mirá tu situación, vos no sos ciudadana argentina, pensá en tu hijo’. Me decía que si yo iba presa, con quién iba a dejar a mi hijo. ‘Tenés que firmar estos documentos para que Edgar los pueda resguardar, y si no lo hacés vas a tener repercusiones legales y vas a ir en cana’”, contó que la presionó Correa, quien estaba acompañado por la escribana Gandini y Bacchiani.

También negó haber radicado la denuncia contra Guillou por Wika que figura en el expediente tramitado por Costilla.

El teatro cordobés

Mientras la conducta de los operadores judiciales catamarqueños abona sospechas, la Justicia de Córdoba fijó fecha para juzgar a Bacchiani por 50 estafas reiteradas cometidas en esa provincia. El show mediterráneo comenzaría el 7 de febrero, si la Justicia Federal catamarqueña, que tiene a Bacchiani preso desde hace casi tres años sin definir la elevación a juicio, lo facilita.

El teatro cordobés entraña serios riesgos institucionales. Es más que probable que Bacchiani plantee allí lo mismo que en Catamarca: que el patrimonio que tenía para resarcir a los defraudados de Córdoba le fue arrebatado ante la indiferencia de la Justicia a sus reclamos.

Esto puede ser cierto o no, pero que los esfuerzos del Poder Judicial provincial para recuperar los bienes del “trader” y el resto de los criptoestafadores han sido escasos, por no decir nulos, es incontrastable. Las disposiciones de quienes intervinieron en los casos del asalto a Rolón Reynoso y Wika exhibe más bien el empeño puesto en no recuperarlos.

El silencio institucional de la Corte al respecto comienza a entintar de sospechas a todo el Poder Judicial y ofrece a Bacchiani la oportunidad de exportar el escándalo.

En Córdoba también quieren cobrar.

No vaya a ser que el “Trader God” desempolve las imágenes del equipo de fútbol del Colegio de Abogados auspiciado por “Adhemar Capital” y muestre los rastros del cripto-botín omitidos en Catamarca.