miércoles 28 de febrero de 2024
Editorial

Los números del ajuste

Hay certeza respecto del fuerte ajuste fiscal que implementará desde el comienzo de la gestión...

Hay certeza respecto del fuerte ajuste fiscal que implementará desde el comienzo de la gestión el gobierno del libertario Javier Milei, pero incertidumbre en cuanto a las secuelas concretas que producirá una vez que se implemente. Por esa razón, empiezan a elaborarse informes que cuantifiquen el impacto negativo del plan motosierra entre los sectores que se verán más perjudicados.

Las provincias pagarán un costo alto, en particular las de la región del Norte Grande, que se han beneficiado con inversión pública y transferencias no automáticas durante el gobierno de Alberto Fernández. De acuerdo con las conclusiones a las que arribó un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el recorte producirá, si se computa la eliminación de la obra pública, la inversión real del Estado en las provincias, las transferencias hacia las jurisdicciones y la eliminación o venta de algunas empresas públicas, una caída del gasto total del 25%.

El informe del instituto que dirige Nadin Argañaraz estima que el déficit fiscal de este año cerrará en el orden del 2,8% del PBI. El gasto público se viene reduciendo desde el año 2020, el peor de la pandemia. En ese ejercicio representó el 24% del PBI, mientras que en el actual ejercicio representa el 19,9%.

Según el trabajo del Iaraf, el impacto negativo en las provincias del plan motosierra en el primer año de gestión de Javier Milei es de gran magnitud. Los estados subnacionales perderán, a precios de hoy, aproximadamente 2,7 billones de pesos por transferencias automáticas, lo que implica una reducción del gasto primario del 5,7%. Si se elimina la inversión real directa, el gasto disminuye otro 12%. El 25% de caída del gasto se completa con la eliminación del subsidio a la energía.

El estudio considera algunas variables que es probable que también se manifiesten. Por ejemplo, una recesión profunda de la economía como consecuencia de una caída brutal del poder adquisitivo del salario, lo que produciría una baja en la recaudación y, consecuentemente, una reducción drástica de los envíos coparticipables.

El análisis frío de los números arroja algunas certezas acerca del impacto económico en las finanzas provinciales, pero nada dice respecto del impacto social. La reducción del gasto no perjudicará a los sectores más concentrados de la economía ni al capital financiero, sino a las pequeñas y medianas empresas y a los sectores asalariados. La gobernabilidad, en este contexto social, se tornaría más compleja si es que la nueva gestión nacional no pone en marcha redes de contención que impidan que vastos sectores sociales se desplomen, cayendo por debajo de la línea de pobreza (que afecta actualmente a casi el 41% de la población) o de la indigencia (9.1% de la población).

Milei prometió un fuerte ajuste de las cuentas públicas durante la campaña electoral, pero dijo que lo iba a pagar la casta política.

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