Como todos los temas resonantes de la actualidad argentina, el espantoso crimen del niño Lucio Dupuy ofrece, además de una lógica condena unánime, las más variadas lecturas y sugestivas derivaciones que se nutren de polémicas extrañas al caso.
Que las victimarias sean las integrantes de una pareja de lesbianas ha motivado incomprensibles y absurdas imputaciones vinculadas a las preferencias sexuales de las victimarias, como si estas inclinaciones fueran determinantes al analizar los factores y las causas que precipitaron el aberrante desenlace. La identidad sexual de la pareja de asesinas animó un nunca aletargado sentimiento homofóbico, que empezó a desparramarse al mismo tiempo en comentarios vertidos en conversaciones informales como en redes sociales ya hasta algunas alusiones veladas en medios de comunicación que rápidamente, por suerte, fueron acalladas o condenadas.
La madre de Lucio y su pareja merecen la condena de la Justicia en su carácter de asesinas y no por lo que hacen o dejan de hacer en su intimidad sexual. Es una obviedad mencionar que así como hay asesinos gay o asesinas lesbianas, también los hay heterosexuales o en cualquiera de las variantes de las preferencias sexuales.
Sí está claro que, del mismo modo, al momento de analizar a las víctimas, además de los niños, como en el caso de Lucio, hay grupos que tienen mayor vulnerabilidad: mujeres y personas que integran el colectivo LGBTIQ+, por ejemplo.
Otra lección que puede dejarnos un caso tan doloroso como este es cómo el sistema judicial falla recurrentemente en la protección de las víctimas. Había denuncias sobre los maltratos que el pequeño sufría, y sin embargo la falta de medidas eficaces para protegerlo condujo al desenlace fatal. Denuncias de la familia del padre que, sin embargo, no fueron atendidas debidamente.
Se repite, en lo que respecta al maltrato infantil, lo que se describe habitualmente como un grave problema de la violencia de género, con el agravante de que el niño es aún más vulnerable que la mujer. Los chicos, por su corta edad, y porque dependen inevitablemente de los mayores que, en vez de protegerlos les hacen daño, están en una situación de absoluta indefensión. Es en esos casos donde el Estado, a través de las instituciones creadas para cuidarlos y preservar su integridad física y emocional, debe tener una presencia de tal envergadura e intensidad que eviten la reproducción de hechos de violencia.
Por último, un sector marginal de los medios de comunicación abordó el tema de una manera sensacionalista e inapropiada. Al punto que el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (Conacai) emitió un comunicado en el que advirtió sobre el tratamiento del caso. "El respeto a la memoria de la víctima, a su dignidad e intimidad, y la de su familia, es lo primero que se pone en riesgo en estos casos y no puede ser soslayado. El derecho a informar y a estar informado se debe practicar sin vulnerar otros derechos, individuales y colectivos", señaló.
Homofobia, desprotección y sensacionalismo, secuelas de un hecho doloroso del que hay lecciones para aprender.n
