Las denuncias de abusos sexuales han crecido de manera exponencial en los últimos años. Por cierto, hay muchos casos de este tipo, pero también hay una mayor tendencia a denunciar lo que antes, por miedo, vergüenza, o ambas cosas, se callaba o se ocultaba.
La mayor visibilización de estas conductas aberrantes tienen el valor de sensibilizar a la población y hacer comprender la gravedad de lo que sucede puertas adentro de las casas, que es donde se concreta la gran mayoría de los abusos.
Un informe redactado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de la fiscal federal Mariela Labozzetta, agrega extremo dramatismo, porque consigna que más del 40 por ciento de las víctimas de violencia sexual en la Argentina son niñas, niños y adolescentes, las más vulnerables. El estudio señala además que 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual son del sexo femenino y que casi la totalidad de los agresores son del sexo masculino, lo que obliga a analizar el problema desde una perspectiva de género.
No solo se registra un aumento de las denuncias, sino también de las personas detenidas por delitos sexuales. Y se han mejorado notablemente la recolección de la información a partir de las distintas fuentes de datos institucionales.
El trabajo de la UFEM alude también a la mayor visibilización de la problemática, que puede estar propiciada por el contexto social y por la difusión de casos emblemáticos, en la que figuran personas conocidas públicamente, como víctimas o como victimarios. Sin embargo, aclara que pese a la mayor difusión sigue existiendo un subregistro preocupante; es decir, se denuncian menos casos de los que realmente existen.
Como se dijo, la resistencia a denunciar se explica por la vergüenza o el miedo. Se comprende mejor esta renuencia si se analiza el alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes abusados, en una alta proporción por alguien de su entorno familiar.
Todos los funcionarios públicos, docentes, personal médico o adulto en general que tenga conocimiento de que un menor es abusado tiene la obligación de denunciar y el Estado la obligación de investigar a partir de la reforma del Código Penal de 2018, que modificó el artículo 72, estableciendo que estos delitos sean de instancia pública. Es decir, el Estado los puede investigar sin que los padres ratifiquen la denuncia, como sucedía cuando eran delitos de instancia privada. La modificación se explica fácilmente: muchas veces los abusadores son los propios padres.
De modo que cualquier persona que sospeche de que un niño, una niña o un adolescente son abusados debe hacer la denuncia ante las autoridades y, los profesionales que trabajen con ellos estar muy atentos a las señales que los chicos emiten cuando se encuentran en una situación de vulneración sistemática. Es un modo eficaz de combatir un flagelo cuya envergadura desmesurada se ha podido corroborar a partir del informe elaborado por UFEM.