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SUSCRIBITELa defensa de la Asociación de Magistrados al Fiscal General Alejandro Dalla Lasta pretende encapsular al fiscal Laureano Palacios como una anomalía, para evitar que la revisión de su desempeño en la investigación del crimen del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas escale hacia objeciones globales a la calidad del sistema judicial, en un contexto en el que la inseguridad hace más evidentes las deficiencias.
El comunicado responde a una extraña convergencia que empieza a vislumbrarse entre las estrategias de la defensa de Palacios, que el martes comenzará a ser juzgado por el Jury, y de la oposición. En ambos casos, el fiscal es postulado como chivo expiatorio de deficiencias cronificadas en la prestación del servicio de Justicia.
Desde la perspectiva de los legisladores de la oposición, el Caso Rojas condensa las consecuencias de la promiscuidad entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Como la conducta de Palacios, procedente de la política, fue avalada por Dalla Lasta, caracterizado miembro de la familia judicial, corresponde que Dalla Lasta sea sometido también a juicio político.
Los opositores marcan un consentimiento del Fiscal General al accionar de su colega que va desde las declaraciones públicas que hizo en las horas inmediatamente posteriores a que se confirmara que Rojas no había muerto por causas naturales sino asesinado, a los argumentos que esgrimió para excusarse de participar como fiscal del Jury.
“De haber observado una grosera irregularidad que pueda atentar gravemente con el normal desarrollo de la investigación, lo hubiera denunciado al Procurador General, circunstancia ésta que no ha sucedido”, arguyó Dalla Lasta. O sea: su ecuanimidad para intervenir en el Jury estaba afectada por el hecho de que no había advertido las eventuales irregularidades cometidas por Palacios, de modo que acusarlo equivalía a autoincriminarse.
Lo que Palacios alega es simétrico. La regularidad de las disposiciones que tomó cuando comenzó a conformar el expediente Rojas está demostrada por la anuencia del fiscal General Dalla Lasta ¿Por qué lo juzgan?
La denuncia contra Dalla Lasta era previsible. Se inscribe dentro de la lógica de los acontecimientos, de hecho el Fiscal General es testigo en el Jury a Palacios debido al protagonismo que tuvo en la primera etapa de la causa.
Para la Asociación de Magistrados es, sin embargo, menos inapropiada que nociva.
“Denuncias desmedidas contravienen o quiebran el equilibrio de poderes, aparejando como consecuencia la vulneración de derechos y garantías convencionales y constitucionales. En ese orden de ideas, resulta inadmisible que se pretenda debilitar los vínculos democráticos del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal con la sociedad”, advirtió la entidad.
El dramatismo del tono contrasta con la llamativa prescindencia que mantuvo durante los seis meses que lleva la controversia por el Caso Rojas, proceso que ha colocado finalmente a toda la institución judicial en el banquillo.
Es congruente la severidad del documento, en cambio, con la que usó para opinar a fines del año pasado en la polémica por la negativa del Gobierno y la Legislatura a allanarse a un incremento del Presupuesto judicial que superaba en un 40% la pauta presupuestaria general de la Provincia y la Nación, con el argumento de los incrementos salariales que, pronosticaba, debería implementar en 2023.
"En virtud de que el Poder Judicial es el encargado de juzgar los casos concretos sometidos a su examen y controlar los actos de gobierno, es que la Constitución Nacional como las Constituciones Provinciales establecen una serie de institutos tendientes a garantizar su independencia. Estas garantías no están dirigidas a los magistrados en sí, sino que se encuentran establecidas en beneficio de la sociedad en su conjunto", dijo entonces, para regocijo de la oposición que ahora se mete a cuestionar fiscales.
La Asociación de Magistrados recurre a los elevados conceptos de su función social solo cuando se ve amenazada en términos corporativos. En sus emolumentos, cuando la discusión por el Presupuesto, o en el prestigio de sus integrantes típicos, como ahora: Palacios es un advenedizo calzado por la casta política, Dalla Lasta un “tropa propia”.
La calidad del servicio de Justicia no demanda en ningún caso pronunciamientos de similar calibre. Jamás la Asociación de Magistrados ha dicho una sola palabra sobre los padecimientos a los que esa sociedad cuya solidaridad requiere, y por la que en teoría debería velar, se ve sometida por la inoperancia del sistema. Tampoco sobre el manoseo del que es objeto la magistratura en el marco de componendas con el poder político que se remontan a tiempos inmemoriales.
Por sus implicancias políticas e institucionales, el crimen de Rojas hizo emerger las carencias del sistema judicial y de seguridad con crudeza inusitada. Una pregunta se instaló con el escándalo, insidiosa: ¿si en el crimen de un ministro la reacción fue tan pobre, qué pueden esperar las personas exentas de jinetas e influencias?
La conmoción por el homicidio impidió advertir que el interrogante ya venía siendo respondido por el propio sistema, en dosis homeopáticas salpicadas a veces con algunas de alta intensidad, muertes mediante.
Como lo sabe cualquiera que emprenda la aventura de denunciar un ilícito, sobre todo en estos tiempos de patrimonios e integridades físicas acechadas con particular ímpetu por malandras de toda laya, de la Justicia se puede esperar de poco a nada.
Acudir a la Justicia significa introducirse en un purgatorio burocrático la mayoría de las veces inconducente, donde la angustiada víctima del delito debe perder tiempo y recursos en trámites hartantes y eternos de los que no obtiene más que nuevas insatisfacciones.
Desidia, incompetencia, complicidad en los casos más graves, se conjugan en beneficio de los delincuentes y perjuicio de las víctimas. Los episodios más resonantes, como el de Rojas, no son más que el paroxismo de estas deficiencias acumuladas sobre el lomo de centenares de ignotos peregrinos de tribunales, destacamentos policiales y estudios jurídicos en busca de resarcimientos. Ahí, antes que en supuestamente malintencionados pedidos de Jury o explicaciones, podría encontrar la bien remunerada corporación judicial los motivos de su desprestigio.
La arremetida contra Dalla Lasta, fiscal General en comisión, conlleva una incógnita medular: ¿Fue el desaprensivo desempeño de Laureano Palacios excepcional o, por el contrario, estuvo dentro de lo considerado normal?
Dalla Lasta no advirtió errores en el origen del expediente Rojas. ¿Qué opina al respecto la Asociación de Magistrados?
Si la sociedad que dice custodiar se circunscribe a los eventuales comunicados gremiales, tiene que concluir que la corporación se autopercibe impoluta. En lo que al funcionamiento de la Justicia se refiere, todo está al pelo y así sería siempre, si no fuera por los políticos que tanto le meten inoperantes Palacios como la denuncian.
