En una nueva audiencia realizada ayer en el Tribunal Oral Federal (TOF), en el marco de un juicio por narcotráfico en contra de 20 imputados que están en Catamarca y en otras provincias, las defensas de los sospechosos ofrecieron un principio de acuerdo para reducir los tiempos del proceso legal.
La audiencia de ayer debió empezar a las 9, pero comenzó después de las 10 por retrasos vinculados a las conexiones por internet, ya que el debate es seguido en otras provincias donde se encuentran los demás acusados.
Tras la declaración de un testigo que presenció un allanamiento en Catamarca, el Ministerio Público Fiscal (MPF) representado por Rafael Vehils Ruiz, informó al Tribunal que las defensas habían presentado una propuesta y pidió pasar a cuarto intermedio, por una hora.
Reanudada la audiencia, el defensor Víctor García le manifestó a los jueces que "a los fines de llegar a un entendimiento respecto a la sustanciación del proceso, la imputación que lleva adelante el tribunal y la fiscalía, esta defensa está articulando con los demás colegas presentes (defensores) y de otras provincias, para que podamos instrumentar un acuerdo".
"Solicito que la presente audiencia se suspenda y se continúe otro día para que para ese día -y creo que las demás partes están de acuerdo-, la especie de esbozo (de un acuerdo) que hemos tenido en el día de hoy en una charla (con Fiscalía), vaya a cristalizar con los actos procesales pertinentes, donde se asuman las responsabilidades en la mayoría de las personas presentes con respecto al hecho que se ha tramitado en la presente causa", agregó.
Con la venia del MPF, el Tribunal integrado por los jueces Enrique Lilljedahl, Juan Carlos Reynaga y el subrogante Federico Bothamley dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves.
Fuentes judiciales consultadas por El Ancasti, explicaron que se trata de una "posibilidad de llegar a una solución alternativa de resolución de conflicto", lo que en la Justicia ordinaria se denomina "juicio abreviado".
En principio, las defensas hicieron conocer a la fiscalía el deseo de sus representados, en que los acusados podrían admitir los hechos endilgados a cambio de una posible morigeración en las condenas.
Al tratarse de una causa que tiene imputados y defensores en varias provincias, el debate se transmite por internet y por lo general, por dificultades técnicas el inicio y la realización de las audiencias demoran más de lo previsto.
En este contexto y ante la inminente feria judicial -con lo que el juicio podría extenderse hasta septiembre-, las defensas propusieron acortar los tiempos del proceso judicial y a la vez, reducir los gastos que implica.
Hasta el jueves que viene las defensas integradas además por los abogados Pedro Vélez y Juan Pablo Morales entre otros, tendrán tiempo de elaborar sus estrategias defensivas.
Otras fuentes indicaron que en causas judiciales de semejante envergadura -habría distribuído drogas en Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Santa Fe, San Juan y Catamarca-, y con tantos imputados, puede suceder que algunos imputados admitan su responsabilidad y se declaren culpables.
De esta manera y como la confesión está permitida, la producción de pruebas tendría sentido solo para quienes no estén dispuestos a reconocer los hechos imputados.
La realización de juicios abreviados está contemplada en el artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación. En este caso hay una veintena de imputados y no todos estarían de acuerdo en admitir los hechos y declararse culpable, condición que debe cumplirse para que sea considerado "abreviado".
"Al asumir su culpabilidad se pasará a una cuestión derechos, no de hechos y los que no adhieran a esta posibilidad continuarán con la producción de pruebas y la escucha de testigos", explicaron las fuentes consultadas.
En la etapa de alegatos cada parte interviniente realizará sus exposiciones y quienes hayan admitido sus culpas podrían -o no-, ser beneficiados con posibles disminuciones en sus condenas, que en definitiva serán impuestas por los integrantes del Tribunal.
El expediente de la causa cuenta con 32 cuerpos y más de 8.000 fojas.
La pesquisa inició en mayo de 2018 cuando Drogas Peligrosas, tras una denuncia anónima, comenzó a investigar a los hermanos Mario y Ernesto Rolón, Miguel Silva y a Jonathan Ríos, señalados como integrantes de una banda que comercializaba drogas en la ciudad. De las escuchas realizadas surgió la vinculación con el resto de los imputados.
Supuestamente la banda era liderada por una mujer paraguaya.
