Si no tenía el informe de la autopsia ¿por qué el fiscal Laureano Palacios autorizó entregar el cuerpo de Juan Carlos Rojas a los deudos para las exequias?
sábado 18 de marzo de 2023
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SUSCRIBITESi no tenía el informe de la autopsia ¿por qué el fiscal Laureano Palacios autorizó entregar el cuerpo de Juan Carlos Rojas a los deudos para las exequias?
La respuesta a este interrogante tal vez no alcance para esclarecer el crimen del ministro, pero ofrecería alguna de las razones por las cuales el Jury empieza a dejar de ser un proceso político solo contra el magistrado para cernirse sobre todo el sistema judicial.
El cadáver de Rojas fue entregado inmediatamente después de que se le practicaran las pericias ordenadas por Palacios para que lo velaran en la sede del sindicato gastronómico el mismo domingo 4 de diciembre que lo encontraron. En declaraciones periodísticas y en su descargo, el fiscal dijo que recién accedió al informe oficial de la autopsia al día siguiente, lunes 5, cerca del mediodía y que como los resultados no eran concluyentes, ordenó realizar una segunda, que reveló el asesinato.
El extraño procedimiento de entregar el cuerpo, que es una prueba, sin haber verificado la causa de la muerte, se realizó bajo la supervisión del fiscal General Alejandro Dalla Lasta.
Ante el tribunal del Jury, Palacios explicó que ninguno de los peritos de la División de Homicidios, Bomberos y el Cuerpo Interdisciplinario Forense que analizaron la escena del crimen le advirtió que podía tratarse de un caso de homicidio. Alguien, no se sabe quién, se lo dijo antes al sindicalista Luis Barrionuevo, quien lo comunicó a la opinión pública antes de que el fiscal contara con el difuso informe de la primera autopsia.
Ese agitado lunes 5, la corporación judicial empezó a tomar conciencia del brete en el que estaba metida. Dalla Lasta bancó la parada y designó a los fiscales Alejandro Gober y Hugo Costilla como coadyuvantes de Palacios. Es decir: involucró a otros dos jugadores en el circuito.
Respaldado por Dalla Lasta, Gober y Costilla –tres colegas-, Palacios ordenó la detención de Silvina Nieva, empleada de gastronómicos que supuestamente mantenía una relación sentimental con el occiso y la indagó por homicidio doblemente calificado por alevosía y el vínculo. La mujer fue liberada una semana después, de oficio, por el juez de Garantías Lucas Vaccaroni, quien advirtió que a la orden de detención le faltaban las firmas.
La decisión de Vaccaroni podría considerarse, como quiere Palacios, un exceso de rigor formal, pero hizo que Palacios fuera desplazado de la investigación y suplantado por el coadyuvante Costilla.
La Corte de Justicia vio venir el golpe y procuró curarse en salud. Inició una “investigación preliminar” sobre el desempeño de Palacios unas horas antes de que la oposición pidiera el Jury. Esta “investigación preliminar” va adjunta a los argumentos de los legisladores en el expediente que el fiscal del Jury debe evaluar para decidir si acusa.
El Jury está sin fiscal. Dalla Lasta se inhibió por estar comprometido en los hechos. Era una obviedad: acusar a Palacios equivalía a acusarse a sí mismo, del mismo modo que no acusarlo hubiera sido autoabsolverse.
“De haber observado una grosera irregularidad que pueda atentar gravemente con el normal desarrollo de la investigación, lo hubiera denunciado al Procurador General, circunstancia ésta que no ha sucedido”, señaló. Lógica cartesiana.
El defensor de Palacios, José Camps, se aferró a este justificativo.
“La posición que sienta el fiscal Dalla Lasta al no encontrar una acción irregular del fiscal Palacios que amerite denunciarla, sienta un precedente irrefutable para el futuro fiscal que fuere a reemplazarlo, que si decide acusar, estaría contradiciendo al Fiscal General y al Procurador General, poniendo en duda la labor de ambos en sus funciones", señaló.
Conviene recordar que tampoco encontraron irregularidades los fiscales coadyuvantes Gober y Costilla, quien quedó a cargo de la causa tras el apartamiento de Palacios.
El procedimiento para espulgar posibles irregularidades empezó con la “investigación preliminar” ordenada por la Corte, que aparece como una alternativa tentadora para encapsular el escándalo. El fiscal del Jury, cuando lo tenga, podría abstenerse de acusar y consignar que el tribunal inició oportunamente un proceso para establecer las responsabilidades de Palacios y eventualmente sancionarlo y que convendría aguardar su desenlace para evaluar si el juicio político continúa o no.
Se verá, pero es notorio que en los tres meses que lleva la saga y la impunidad, los peritos que no le advirtieron a Palacios que Rojas podría haber sido asesinado permanecieron fuera de la línea de fuego. La Corte le aceptó la renuncia a la médica Daniela Miranda Zar, que firmó la primera y no concluyente pericia, dos días después del hallazgo del cuerpo de Rojas. La profesional había ingresado al Cuerpo Interdisciplinario Forense dos meses antes.
Mientras tanto, la familia Rojas radicó una denuncia por encubrimiento contra “autores desconocidos”.
Habilitar el Jury sería abrir una Caja de Pandora. Hay demasiados pellejos en juego, aparte del de Palacios.
Tendrían que declarar los fiscales Dalla Lasta, Gober y Costilla, que no advirtieron anomalías en el desempeño de su colega.
También los peritos, que contribuyeron a una pericia difusa y no recomendaron preservar la escena del crimen para que no fuera contaminada.
La falla fue sistémica, no solo de Palacios.
Las deficiencias expuestas en el Caso Rojas, porque se trata de un ministro, se concatenan con precedentes inquietantes.
El portal Catamarca 12 informó sobre la audiencia de casación de una condena por abuso en patota perpetrado en 2018, realizada en la Corte de Justicia, en la que la víctima recriminó la “revictimización” que padeció debido al proceder judicial. “Mi causa se demoró 3 años más de los plazos establecidos que se deben cumplir en una denuncia por violación, lo que lamentablemente llevó a la consecuencia de que yo deba constituirme como querellante, por la falta de respeto y consideración de parte de quienes debían proteger mi integridad emocional y psíquica”, dijo.
Por el asesinato de la psicóloga Eugenia Rojas, en enero de 2013, la Justicia tuvo preso durante meses a Mauro Alejandro Orce hasta que un hecho fortuito lo exculpó. Damián “Bebe” Cano confesó haber sido el homicida luego de que su DNI fue encontrado en la escena de otro crimen, el de Susana Aguilar, cuya autoría también admitió.
El mismo sistema sostuvo durante 12 años que Liliana Garabedian había muerto por deshidratación e inanición, hasta que una autopsia del Equipo Argentino de Antropología Forense, requerida por su madre, estableció a fines del año pasado que en realidad fue estrangulada, en pericias ratificadas por el Equipo Tanatológico de Gendarmería Nacional.
Silvina Nieva fue detenida por el asesinato de Rojas y liberada una semana más tarde por errores formales. Desde entonces, no aparecen indicios que permitan sindicarla como la asesina ¿Por qué la detuvo Palacios? ¿Y si no la liberaban?
Rojas requirió dos autopsias para determinar que había sido asesinado. El caso precisa practicar una tercera, sobre un sistema judicial embarbascado en la incompetencia.