El último informe del Ministerio de Economía sobre la ejecución presupuestaria confirma que en junio las cuentas públicas argentinas volvieron a rojo. El resultado fiscal primario arrojó un déficit de 696.843 millones de pesos, un contraste severo frente al superávit de 790.533 millones de pesos que se había registrado en el mismo mes de 2025. Si se incluye el pago de intereses de la deuda, el deterioro es todavía más pronunciado: el resultado financiero fue deficitario en 1 billón de pesos, cuando un año atrás había cerrado con un superávit de 551.234 millones.
El problema no fue, como en otros períodos de la historia fiscal argentina, una explosión del gasto motorizada por decisiones discrecionales del Gobierno sino más bien que los ingresos crecieron mucho menos que los precios. La recaudación total aumentó 22,3% interanual, una cifra que resulta claramente insuficiente frente a una inflación que, medida también de forma interanual, alcanzó el 33,5% en el mismo período. Mientras tanto, los gastos primarios del sector público nacional crecieron 37,7% con relación a junio de 2025, por encima de ambos guarismos.
Es prematuro afirmar que se trata de un cambio estructural de tendencia y no de un fenómeno coyuntural. Pero lo cierto es que la sola aparición de un déficit mensual, después de una seguidilla de resultados positivos que el oficialismo exhibió como uno de sus pocos éxitos en materia económica, expone la propia fragilidad de ese logro.
El dato adquiere una relevancia adicional si se lo mide contra las metas fijadas en el presupuesto 2026, que prevé cerrar el año con un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,3% del producto. Con un semestre que ya acumula apenas 0,6% del PBI de superávit primario y 0,1% de superávit financiero, y con un mes de junio que rompió la racha positiva, alcanzar esas metas exigirá una aceleración del ajuste en la segunda mitad del año que no será sencilla de sostener política ni socialmente.
Si la tendencia deficitaria se confirma en los próximos meses, es previsible que el Gobierno busque profundizar el ajuste del gasto para no resignar la meta fiscal, que constituye uno de los pilares de su estrategia de estabilización y de su relación con los mercados y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, es dudoso que ese camino sea viable sin costos adicionales. Buena parte del ajuste ya realizado ha recaído sobre la obra pública, las transferencias a las provincias, los salarios estatales y la inversión en áreas sensibles, y continuar por esa senda corre el riesgo de agravar problemas que ya son visibles en el deterioro de infraestructura, en la caída de la actividad de sectores enteros y en el malestar social que distintos indicadores vienen registrando. El ajuste del gasto tiene un límite práctico y todo indica que la Argentina se está acercando a él.
La verdadera salida a este dilema no pasa por seguir comprimiendo erogaciones, sino por el lado de los ingresos, por recuperar una senda de crecimiento económico genuino que amplíe la base imponible y permita sostener el equilibrio fiscal sin apelar a recortes cada vez más difíciles de digerir.
